La revuelta egipcia saltó ayer de las calles a los despachos, con el inicio del diálogo entre el vicepresidente de la nación africana, Omar Suleimán, y los grupos opositores, para sentar las bases de lo que deberá ser la transición a la democracia.

La reunión dejó una imagen sin precedentes en la historia reciente de Egipto: en la cabecera de una mesa ovalada, bajo un gran retrato del presidente Hosni Mubarak, se situó Suleimán, y a sus lados los representantes de las principales fuerzas opositoras, incluidos los ilegalizados Hermanos Musulmanes.

El Gobierno reconoció como "legítimas" las demandas de los cientos de miles de egipcios que han salido a las calles desde el 25 de enero para reclamar la salida de Mubarak, que gobierna Egipto desde hace 30 años. Considerándolo como un régimen autoritario, sus oponentes protestan por la situación de pobreza, desempleo y ausencia de libertades básicas, advirtiendo que conviven en un clima de corrupción y represión.

Ante este panorama, el Gobierno se comprometió ayer a negociar reformas constitucionales y a poner fin a la Ley de Emergencia, en vigor desde 1981. En un comunicado difundido a la salida de la reunión, las partes acordaron reformar los artículos 76 y 77 de la Carta Magna, que estipulan los requisitos para ser candidato presidencial y el número de mandatos que puede tener el jefe de Estado.

Entre las principales reivindicaciones de la oposición están la limitación de los mandatos presidenciales a dos períodos y el cambio de los requisitos para poder presentarse a las elecciones. Este último es un punto crucial, ya que hasta ahora eran tan complejos que prácticamente impedían que el resto de los partidos se presentara.

Pero el comunicado indicó además que el presidente Hosni Mubarak permanecería en el poder para supervisar los cambios, lo que probablemente será inaceptable para los miles de manifestantes, que exigen su renuncia inmediata.

Según el comunicado, se contempla la creación de una comisión de representantes judiciales y políticos que presentarán un informe antes de marzo con sus propuestas.

El Gobierno también actuaría para liberar activistas encarcelados, garantizar la libertad de prensa y levantar las leyes de emergencia de Egipto "acorde a las condiciones de seguridad". Se estableció un comité para estudiar temas constitucionales.

Después del viernes, que había sido bautizado como el "día de la salida" por los manifestantes, el régimen de Mubarak ha conseguido recuperar la iniciativa política y parece haber persuadido a la oposición de que tendrá que negociar para conseguir resultados.

En el diálogo ha asumido un papel preponderante Suleimán, que se consagra como el encargado de liderar la transición y a quien muchos reclaman que sustituya a a Mubarak al frente del país.

Sin embargo, la principal fuerza de oposición, los Hermanos Musulmanes, ha puesto entre paréntesis los avances logrados ayer al destacar que los acuerdos son "insuficientes". "La reunión (de ayer) fue sólo un primer paso para examinar al

régimen y ver si realmente tiene buenas intenciones", afirmó en una rueda de prensa el dirigente de la organización islámica Saad Katatni, presente en la reunión.