Caracas, 5 de marzo.- En enero de ese año, Luis Miquilena, uno de los principales sostenes políticos de su proyecto, renunció como ministro del Interior y se convirtió en adversario del gobierno, y en febrero, varios altos oficiales de las fuerzas armadas pidieron la renuncia del mandatario.
En marzo, Fedecámaras (la principal organización gremial empresaria), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la cúpula de la Iglesia católica firmaron un pacto contra el gobierno.
El 7 de abril, Chávez anunció el despido de altos gerentes de la petrolera estatal PDVSA, lo que generó protestas callejeras. El 11 hubo serios disturbios al enfrentarse en las calles manifestantes oficialistas y opositores. El mandatario ordenó a las fuerzas armadas que activaran el Plan Avila, un programa de contingencia para casos de conmoción interna. Según datos oficiales, hubo 12 muertos.
Esa noche, el ministro de Defensa, general Lucas Rincón, anunció por televisión que a Chávez “se le solicitó la renuncia, la cual aceptó”. En la tarde del 12, el empresario Pedro Carmona, titular de Fedecámaras, juró como presidente interino y emitió un decreto que disponía la disolución del parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, y se arrogaba poderes por encima de la Constitución.
Mientras tanto, 14 presidentes latinoamericanos, reunidos en la XVI Cumbre del Grupo de Río, condenaron la interrupción del orden constitucional y reclamaron la normalización institucional de Venezuela.
El 13, miles de simpatizantes de Chávez salieron a las calles de Caracas. El mandatario, preso en una base naval, escribió que no había “renunciado al poder legítimo” y fue trasladado a la isla La Orchila con el objeto de convencerlo de que aceptara ser llevado fuera del país.
Esa noche, sin embargo, partidarios chavistas lograron tomar VTV y una unidad militar de Maracay, a cargo de Baduel, declaró su adhesión a la Constitución y activó lo que denominó “Operación de rescate de la dignidad nacional”.
Los simpatizantes de Chávez coparon el Palacio de Miraflores, que había sido abandonado por los golpistas, y el presidente del parlamento tomó juramento al vicepresidente ejecutivo, Diosdado Cabello, como mandatario provisional.
Finalmente, en la madrugada del 14, un comando liberó a Chávez en La Orchila y lo llevó en avión a Caracas, donde reasumió el mando.
El 14 de agosto, el TSJ declaró que los hechos de abril no habían configurado un golpe de estado, decisión de la que Chávez disintió y que sería anulada tres años más tarde por el mismo tribunal.
Tras un año de alta tensión, con multitudinarias manifestaciones callejeras de oficialistas y opositores, y un campamento de decenas de altos oficiales en actividad que duró varios meses en una plaza del centro de Caracas, el 2 de diciembre, tras el fracaso de una mesa de diálogo patrocinada por la OEA y el Centro Carter, comenzó el llamado “paro petrolero”.
Convocada por Fedecámaras, sindicatos opositores, ejecutivos de PDVSA y diversos partidos opositores nucleados en la llamada Coordinadora Democrática, la huelga iba a durar 24 horas pero se prorrogó por tiempo indefinido, en reclamo de la renuncia de Chávez o la realización de un referendo revocatorio.
El paro tuvo alta repercusión nacional e internacional, generó escasez de combustibles, alimentos y otros artículos de primera necesidad, y tuvo su punto más crítico cuando miles de empleados de PDVSA abandonaron sus puestos de trabajo.
Por iniciativa del presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, se conformó un grupo de “países amigos de Venezuela” del que participaron gobiernos hasta entonces distantes del de Chávez, como los de España y Estados Unidos, y personalidades como el ex mandatario estadounidense Jimmy Carter.
El gobierno logró reactivar PDVSA con el concurso de ex empleados de la empresa y técnicos de universidades y de las fuerzas armadas, lo que resultó un duro golpe para los impulsores del paro.
La huelga fue debilitándose con el correr de los días y se consideró levantada el 3 de febrero de 2003, aunque nunca hubo un anuncio oficial.
El gobierno, que denunció sabotajes contra PDVSA, despidió a 15.000 de sus trabajadores.