Tras un año de proceso, México extraditó a Estados Unidos a unos de los capos más importantes del narcotráfico. Joaquín Guzmán Loera, más conocido como "El Chapo", fue entregado un día antes de empezar la administración de Donald Trump.


La extradición, a pocas horas del cambio de mando en la Casa Blanca, ha sido interpretada por algunos especialistas como una forma de mandar un mensaje de cooperación al nuevo presidente, que mantiene un discurso hostil hacia México.

Guzmán, de 59 o 62 años según distintas fechas de nacimiento disponibles, fue trasladado la tarde del jueves desde el penal de máxima seguridad de la fronteriza Ciudad Juárez al aeropuerto de esa misma urbe para ser entregado a las autoridades estadounidenses, después de que un tribunal colegiado le negara el último recurso legal.

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos agradeció a México "por su extensa colaboración y asistencia en asegurar la extradición de Guzmán Loera a los Estados Unidos", en donde, aseguró, enfrentará cargos por su liderazgo en el cártel de Sinaloa.


"El Chapo", detenido el 8 de enero de 2016, se encontraba desde mayo en una prisión de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas. Antes de eso, estuvo preso en la cárcel del Altiplano, en el centro de México.

Guzmán enfrenta seis procesos judiciales diferentes en Estados Unidos. La extradición fue concedida por el pedido de las cortes de Texas y California. "El Chapo" también tiene un abultado archivo de acusaciones en Nueva York, considerado su destino más probable. Sin embargo, será Estados Unidos el que defina ante qué corte se presenta. En Texas es requerido por asociación delictiva, narcotráfico, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero, mientras que en California lo reclamaban por asociación para importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla.

El tribunal colegiado era la última instancia a la que podía acudir la defensa de Guzmán, que desde el 20 de mayo de 2016, cuando el Gobierno mexicano concedió la extradición, interpuso amparos y recursos para frenar su traslado. "Es evidente que la sentencia del tribunal es una flagrante violación a los derechos humanos", dijo José Refugio Rodríguez, uno de sus abogados, en Radio Fórmula. "El Gobierno terminó su obra con este trofeo para el presidente de Estados Unidos", agregó.