La información estaba contenida en dos documentos, un estado financiero consolidado para 2020 de la Santa Sede y el primer presupuesto público de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA).

La APSA, una especie de oficina de contabilidad general, gestiona los bienes inmuebles y las inversiones, paga los salarios y actúa como oficina de compras y departamento de recursos humanos.

Entre los dos documentos -cada uno con un número sin precedentes de diagramas circulares, gráficos y mapas- y dos entrevistas explicativas, el Vaticano publicó más de 50 páginas de material financiero.

El presupuesto de 30 páginas de la APSA mostraba que posee 4.051 propiedades en Italia y unas 1.120 en el extranjero, sin incluir sus embajadas en todo el mundo.

Sólo un 14% de sus propiedades en Italia se alquilaban a precios de mercado, mientras que el resto se alquilaban a precios reducidos, muchos de ellos a empleados de la Iglesia. Alrededor del 40% eran edificios institucionales, como escuelas, conventos y hospitales.

La documentación mostró que APSA posee propiedades como inversión en zonas de lujo de Londres, Ginebra, Lausana y París.

Uno de los edificios, en el elegante barrio londinense de South Kensington, provocó enormes pérdidas tras ser adquirido por la Secretaría de Estado del Vaticano como inversión en 2014.

El martes comienza en el Vaticano el juicio contra 10 personas en relación con su compra, entre ellas un destacado cardenal. Se les acusa de delitos financieros como malversación, blanqueo de capitales, fraude, extorsión y abuso de funciones.