El gobierno de Brasil anunció que privatizará nueve empresas estatales, entre ellas la de correos, que es la mayor compañía de logística de América latina, y el puerto de Santos, el más importante del país.

Lo anunció el jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, en conferencia de prensa en el palacio presidencial de Planalto. Allí detalló que habrá concesiones al sector privado de cárceles y de dos santuarios naturales, el Parque Nacional de Jericoacoara, en el estado Ceará; y las lagunas en las dunas de los Lençoes Maranhenses, en Maranhao, ambos en el nordeste.

Lorenzoni dijo que el gobierno puso bajo estudio también una posible privatización de todas las subsidiarias de Petrobras, la petrolera estatal de capital abierto que es la empresa más grande del país.

Además, se privatizará el puerto de Santos, en el estado San Pablo, el mayor puerto de América Latina. La iniciativa del gobierno incluye también la telefónica Telebras (remanente de la época de las privatizaciones telefónicas de 1997), las tecnológicas Dataprev y Serpro, la administradora de participaciones en empresas Emgea, la fábrica de semiconductores Ceitec y la compañía de logística Ceagesp.

Además de la privatización de esas ocho firmas, el gobierno prevé vender las acciones que tiene en el Banco de Brasil y que excedan el mínimo necesario para mantener el control. Esas privatizaciones forman parte de un programa más amplio de “desestatización” de 17 empresas, dijo Lorenzoni.

El gobierno ya privatizó mediante una venta del paquete accionario a BR Distribuidora, responsable por las estaciones de servicio de Petrobras.

El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) le dio luz verde en junio a Guedes para iniciar el plan de privatizaciones en un gobierno que, según el presidente Jair Bolsonaro, se encuentra en el límite de sus recursos presupuestarios a raíz de que tiene por 20 años un techo en el gasto público en base a una ley del gobierno de su antecesor, Michel Temer.

Lorenzoni dijo que el objetivo global con las privatizaciones es recaudar unos dos billones de reales, equivalentes a unos 500.000 millones de dólares, aunque todo depende del aval institucional y jurídico que le dé a cada uno de los casos el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes, banco de fomento).

Según la prensa local, entre los futuros activos a ser vendidos se encuentra la Casa de la Moneda.