Sin duda estamos presenciando lo que parece ser una nueva y peligrosa aventura del movimiento bolivariano. Hoy, en una versión refinada de "golpe institucional", Maduro le quitó las funciones al Congreso -la Asamblea Nacional (AN)-, controlada por la oposición- y la reemplazó por el Tribunal Supremo de Justicia -TSJ-, órgano creado y controlado por el chavismo y que es la cabeza del poder judicial venezolano. Ahora Maduro controla los tres poderes del Estado y las FF.AA., y para muchos ya empezó la cuenta regresiva pare ver cuando explota la olla a presión.

Pero el motivo del conflicto no parece ser esta vez exclusivamente político, sino también económico. Maduro pretende crear empresas petroleras de capital mixto, es decir vender porciones y yacimientos de PDVSA a empresas extranjeras, como la rusa Rosneft, y así obtener los tan ansiados capitales que le ayuden a paliar la crisis. El tema es que la aprobación para ese inconveniente negocio le corresponde a un Congreso que ralentizaría estas operaciones y que haría -sin duda- todas las preguntas y observaciones pertinentes en respuesta a que el oficialismo se opuso a llevar adelante el referéndum revocatorio para que se votara la continuidad o no de Maduro en el poder, y que postergó sin fecha las elecciones regionales que se debían celebrar en 2016. Por todo esto Maduro decidió eliminar esa instancia de aprobación y control y resolvió quitarle todas las funciones a la Asamblea Nacional.

Si bien el pretexto esgrimido por el TSJ para sacar de escena a la oposición era el hecho de que tres representantes indígenas de la AN estaban sindicados de comprar votos en las últimas elecciones, por lo que dicha AN estaría viciada en cuanto a su legitimidad, también es cierto que esos representantes ya habían sido separados del Congreso, lo que hacía que el pretexto del TSJ quedara invalidado, pero eso no detuvo su desafiante accionar.

La gravedad del tema va en aumento, ya todos hablan de la profundización de la crisis venezolana, la OEA denunció autogolpe, Perú retiró a su embajador, Brasil condenó lo actuado por el TSJ, México y la Argentina manifestaron su preocupación, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, convoca a movilizaciones, toda la oposición venezolana sostiene que se inaugura una dictadura y los periodistas de Telesur muestran su incapacidad para explicar y disimular los hechos.

La democracia y las instituciones están en peligro, pero ¿cómo salvarlas? Los principales países sudamericanos se manifiestan por no aplicar sanciones porque éstas empeorarían la ya dramática situación del pueblo venezolano. Se habla de activar la Carta Democrática Interamericana, por la que los países que integran la OEA podrían pedir la suspensión de Venezuela en dicho organismo al atentar contra la democracia y mantener la persecución política contra la oposición (recordemos que hay más de un centenar de presos políticos, siendo Leopoldo López, el más célebre de todos), pero no pretende por ahora hacer más que eso.

El escenario local se ve complejo. Con una oposición no del todo unida pero firme, a las torpezas de Maduro le quedan todavía un poderoso refugio, y ese es el respaldo que por ahora tiene por parte de las momentáneamente unidas Fuerzas Armadas, pero si éstas se fracturen el destino de Maduro es una incógnita.