El papa Francisco endureció ayer las disposiciones vaticanas contra la pederastia y abusos de autoridad, al publicar una versión actualizada de un decreto de 2019 con la que obligará desde el 30 de abril a que todas las diócesis tengan oficinas para luchar contra este tipo de crímenes, y establece también sanciones para los fieles laicos que cometan los delitos.
Después de casi cuatro años de experimentación, Francisco promulgó ayer la versión definitiva de su carta apostólica, que regula los procedimientos para combatir abusos sexuales y de todo tipo en la Iglesia católica.
El nuevo decreto, que deroga la precedente de mayo de 2019, confirma y profundiza la batería de medidas dispuestas entonces por el Papa, como la obligación para los religiosos de denunciar los ataques.
Una de las novedades es que también alcanzará, además de religiosos, a los comportamientos de "fieles laicos que son o hayan sido moderadores de asociaciones internacionales de fieles reconocidas o erigidas por la Sede Apostólica, para los hechos cometidos" mientras ejercían su cargo.
En la nueva versión se habla de "delito contra el VI mandamiento del decálogo cometido con un menor o con una persona que tenga habitualmente un uso imperfecto de la razón o con un adulto vulnerable", en referencia a los crímenes contra la castidad y considerados graves.
En la nueva versión también se especifica que las diócesis deben dotarse de "oficinas" para recibir las señalaciones de abusos. El documento también se refiere a la violencia sexual y a las molestias derivadas del abuso de autoridad. Incluye cualquier caso de violencia contra las religiosas por parte de clérigos, así como el caso de molestias a seminaristas o novicios mayores de edad.