El Gobierno español aprobó ayer la unificación de los fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas y cooperativas para que el sector financiero nacional asuma las pérdidas en las que pueda incurrir el Estado por el rescate de las cajas de ahorros, y no los contribuyentes.
En una conferencia de prensa, el portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, insistió en que el objetivo de la medida es que el nuevo fondo asuma “cualquier posible coste de la reestructuración”.
La creación de un fondo de garantía unificado, que contará con un patrimonio de 6.593 millones de euros (5.600 millones de dólares), penaliza sobre todo a los bancos, que deberán afrontar el coste del saneamiento de las cajas de ahorros.
Por su parte, la ministra de Economía, Elena Salgado, afirmó que la medida aprobada ayer por el Ejecutivo busca la defensa del depositante y asegurar el funcionamiento del sistema.
La vicepresidenta económica achacó, por otra parte, a la tensión financiera global y, en particular, a la que afecta a la zona del euro, la rebaja aplicada por la agencia de medición de riesgos Standard & Poors a la deuda soberana española.
Esta agencia estadounidense anunció en la madrugada de ayer (hora española) una rebaja de la calificación de la deuda soberana española a largo plazo, al pasarla desde ‘AA‘ hasta ‘AA-‘, con perspectiva negativa, por las débiles perspectivas de crecimiento.
Salgado señaló que incluso en el supuesto de que la banca tuviera que ser recapitalizada con dinero público, el informe de S&P admite que la deuda se mantendría en niveles relativamente reducidos.
Además, dijo que la agencia valora y considera ‘favorable‘ el cambio constitucional (por el que se estableció un compromiso de reducir el déficit de las administraciones públicas) y las reformas estructurales.
La ministra admitió que siempre se puede mejorar, pero insistió en que, pese al recorte, la calificación de la deuda soberana española sigue siendo de “excelente calidad”.
La banca española podría necesitar hasta 58.000 millones de euros (80.400 millones de dólares) para aprobar
unas pruebas de solvencia más exigentes, en las que tendría que tener una proporción de recursos de máxima calidad del 9 %, según los cálculos publicados ayer por Goldman Sachs.
Los nuevos requisitos de solvencia que estudia la Autoridad Bancaria Europea (EBA) obligarían a todo el sector financiero del área a captar 297.800 millones de euros (413.000 millones de dólares) y España sería el segundo país más perjudicado, después de Grecia (en la que Goldman Sachs incluye a Chipre), que tendría que captar 64.600 millones de euros (89.500 millones de dólares).
En este contexto, los dos grandes bancos españoles fueron los principales lastres del selectivo. Las acciones de Santander cayeron un 1,08%, y las de BBVA perdieron un 0,68%, mientras que el sector bancario europeo cayó un 1,13%. Fuentes: Efe, Reuters
