Después de innumerables quejas por el trato que se le dispensa a los extranjeros, el gobierno español admitió ayer que cada año expulsa del país al menos a 30.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular.
"Expulsamos a un número notable de personas cada año, en torno a unas 30.000, dando prioridad a aquellas que han cometido un delito", afirmó la secretaria de Estado para la Inmigración, Anna Terrón.
En España, según la funcionaria, hay unos 200.000 extranjeros en circunstancia de irregularidad.
En declaraciones a Catalunya Radio, Terrón defendió la política antiinmigratoria asegurando que disminuyó el ingreso de ilegales a las costas españolas con embarcaciones precarias. "Antes era de unos 40.000 al año y ahora ronda el millar", dijo la funcionaria.
El Ejecutivo de España reconoció en los últimos tiempos que la crisis económica y el aumento del desempleo tuvieron sus efectos sobre la inmigración "irregular".
Pero también, a juicio del gobierno, el descenso de embarcaciones ilegales se debe al "trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, los procesos de repatriación y la cooperación con los países de origen" como Argelia, Mauritania, Senegal o Mali.
En noviembre del año pasado, el Parlamento aprobó la reforma de la ley de Extranjería, con la que se amplió de 40 a 60 días el plazo de un extranjero en un centro de internamiento, así como la limitación a la reagrupación familiar.