La detención preventiva solicitada por la Fiscalía de Sao Paulo contra Luiz Inácio Lula da Silva, ha puesto contra las cuerdas al expresidente brasileño, acusado de lavado de dinero y falsificación de documentos en un caso de corrupción paralelo al que investiga las irregularidades en Petrobras.
La Fiscalía de Sao Paulo acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS -empresa también salpicada en el escándalo de Petrobras- y cuya propiedad ha sido negada por el expresidente en reiteradas ocasiones.
La denuncia, que fue presentada el miércoles ante la Justicia pero cuyo contenido íntegro se filtró ayer a los medios, sostiene que es ‘imprescindible‘ ordenar la detención preventiva de Lula porque puede interferir en la investigación criminal.
‘Es conocido que (Lula) posee poder de expresidente de la República, lo que hace su posibilidad de evasión sea muy simple‘, señala.
Según el fiscal Cassio Roberto Conserino, esta denuncia se enmarca en una investigación iniciada hace ‘cinco o seis años‘ para esclarecer delitos cometidos por la cooperativa inmobiliaria Bancoop, cuando traspasó sus obras a la constructora OAS, entre ellas un apartamento por el que la familia de Lula había pagado una cuota inicial.
Pese a que el expresidente alega que renunció al derecho sobre el apartamento y pidió la devolución del dinero, la Fiscalía asegura que la OAS realizó costosas obras en el inmueble encomendadas por los familiares del exjefe de Estado.
Además de Lula da Silva y su mujer, la denuncia alcanza a otras 14 personas, entre ellas el hijo mayor de ambos, Fabio Luiz Lula da Silva, y el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto. La Fiscalía de Sao Paulo aclaró que su investigación es independiente del proceso abierto por la Justicia del estado de Paraná, que también salpica a Lula y que se centra en los asuntos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de Sao Paulo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre la denuncia, y según el presidente del gobernante Partido de los Trabajadores, Rui Falcao, es improbable que lo haga. Reuters