Luego de un terrible año para el presidente Hugo Chávez, en el que enfrentó una profunda recesión económica, delincuencia campante y apagones generalizados, la oposición venezolana tiene una oportunidad única para recuperar el terreno perdido en las elecciones legislativas del domingo.
Las encuestas muestran una reñida carrera, con la aprobación de Chávez en uno de sus niveles más bajos desde que asumió como presidente en 1999. Sin embargo, encuestadores y analistas auguran que el oficialismo mantendrá una mayoría parlamentaria pero la clave está en saber si alcanzará los dos tercios de los 165 escaños, es decir 110 diputados, necesarios para el control de la Cámara.
Los indecisos, por desencanto político o descontento social también llamados "ni-ni", constituyen un sector importante del electorado, que el analista Luis Vicente León sitúa en un 37%, y pueden ser determinantes en un momento de aguda crisis en este país petrolero.
La pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos, expresada en la alta inflación que acumula una tasa del 19,9% en los primeros ocho meses de este año (29,7% la interanual), figura, junto a la devaluación del 100% decidida en enero, como máxima expresión de la difícil situación económica que atraviesa Venezuela.
El presidente del gubernamental Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri, estimó la semana pasada que la inflación cerrará este año por debajo del 30% y tildó de "profetas del desastre" a quienes calculan que será de hasta un 45%.
El Gobierno modificó a comienzos de año los valores del control estatal cambiario que instauró en 2003 e introdujo una doble paridad oficial de 2,6 y 4,3 bolívares por dólar, lo que significó una devaluación de un 20% y un 100%, respectivamente, frente a la cotización única vigente hasta entonces de 2,15 bolívares/dólar.
Chávez atribuye la inflación a acciones especulativas del sector privado, representante, dice, de una "oligarquía con la cual no hay ninguna posibilidad de conciliación", a la que acusa de haber declarado a su Gobierno una "guerra económica".
La "guerra" incluye intermitentes desabastecimientos de productos y ha registrado el reciente intento de una "corrida bancaria", entre otras "escaramuzas", todo lo cual es negado por titulares de gremios patronales y partidos opositores que achacan tales problemas al "socialismo del siglo XXI" que el gobernante dice impulsar.
También la inseguridad ciudadana, que según todos los sondeos es la mayor preocupación de los habitantes del país, destaca entre los filones que la oposición explota de cara a la renovación del Parlamento.
La campaña electoral antichavista remachó con intencionalidad electoral sobre las cifras de la criminalidad, como lo anunció el pasado 2 de agosto Benjamín Ezaine, del Frente contra la Inseguridad de la Mesa de la Unidad Democrática.
La inseguridad ciudadana dejó en Caracas el pasado julio una estela de 469 muertes, lo que arroja una media de quince asesinatos diarios solo en la capital del país, dijo Ezaine a Efe.
"Es como vivir en una guerra sin que esta esté declarada", añadió Ezaine, y ese mismo mes se filtró a la prensa un estudio oficial que cifró en 19.133 los asesinatos cometidos en Venezuela el año pasado.
Yul Jabour, directivo del PCV, aliado del PSUV, admitió entonces que la inseguridad es un problema que "desde hace bastantes años" afecta al país, pero resaltó que el asunto se ha exacerbado como parte del plan político opositor.
Chávez reconoció el pasado 2 de septiembre que el tema "es duro", pero negó que la inseguridad se haya incrementado durante sus once años de mandato.
La corrupción es otro de los asuntos en los que la oposición insiste en su empeño por corroer el apoyo electoral a los candidatos de Chávez y ha denunciado el reciente descubrimiento de centenares de toneladas de alimentos que se dejaron pudrir en instancias estatales.
A ello se suman los recortes de suministro de agua y luz a los que fueron sometidos los venezolanos a principios de año debido, según el Gobierno, a la grave sequía que padeció el país, mientras la oposición los achacaba a la ineficiencia de las instituciones gubernamentales.