El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le ganó ayer un duro pulso judicial a los movimientos sociales y subastó las obras de una represa que será construida en la Amazonia y obligará a desplazar a unos 50.000 indios y campesinos. Se trata de Belo Monte, la futura tercera mayor hidroeléctrica del mundo, que según las autoridades, será clave para la seguridad energética del país y el desarrollo de la región amazónica.
La subasta fue realizada en medio de una batalla jurídica y de decisiones de tribunales que la paralizaron y volvieron a autorizar hasta tres veces en cuestión de días, y con cientos de manifestantes concentrados ante la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), órgano oficial responsable por la licitación.
El acto llegó a ser suspendido la noche del lunes, pero el fallo fue revocado durante la mañana de ayer, con lo que de inmediato la Aneel realizó la subasta para prevenir que otra decisión judicial volviera a paralizarla.
La sede de la Aneel en Brasilia, que ya había sido escenario de protestas en días pasados, amaneció ayer con cientos de manifestantes opuestos a la represa de Belo Monte ante sus puertas, a las que se encadenaron cinco activistas del grupo Greenpeace.
Los miembros del grupo ecologista llegaron durante la madrugada y, antes de encadenarse en las puertas del organismo, vaciaron en el lugar un camión lleno de excrementos de caballo.
También colgaron carteles con duras frases, como una que decía "Belo Monte de mierda", y difundieron un comunicado en el que se condena "la herencia maldita" que el Gobierno "dejará para Brasil al insistir en esa obra".
La decisión judicial que permitió la subasta llegó a la Aneel una vez que los activistas se habían liberado de sus cadenas, y el anuncio del resultado provocó ruidosas protestas entre los cientos de personas que aguardaban, entre los que había indios, campesinos y militantes de diversos movimientos sociales.
Los grupos que se oponen a su construcción han denunciado que el Gobierno no ha tomado en cuenta el daño medioambiental y humano que tendrán las obras, que obligarán a inundar un área de más de 500 kilómetros de selvas y a desplazar a unos 50.000 indios y campesinos que residen en la zona, en su mayoría dedicados al cultivo de cacao.
Las obras fueron adjudicadas a un grupo liderado por la Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf, estatal), la constructora privada Queiroz Galvão e integrado por otras seis empresas. Ese consorcio presentó la mejor oferta, con un precio de 77,97 reales (unos 44,5 dólares) por megavatio-hora, que fue un 6,02% menor que el techo establecido por la Aneel.
Según el gobierno, esta obra será "básica" para atender el crecimiento sostenido cercano al 5% que experimentará la economía brasileña en los próximos años.
Además Belo Monte será clave para el progreso de la Amazonia, una de las regiones más atrasadas del país y aún con lagunas en la generación energética.
Según los cálculos del Gobierno, la represa tendrá un coste de 10.600 millones de dólares, generará en promedio 4.571 megavatios por hora y alcanzará un tope de 11.233 megavatios en las épocas de máxima crecida del río Xingú, uno de los principales afluentes del Amazonas.
Gracias a esta represa y a otros proyectos menores, el inventario de energía hidroeléctrica de Brasil pasará de los actuales 80.000 megavatios a cerca de 110.000 megavatios en 2017, según el plan decenal del sector eléctrico.
Según estudios oficiales, el consumo energético podría crecer más rápido aún, a una tasa del 7,4% este año y cercana al 5,2% anual hasta 2018.
Una vez en operaciones, la represa de Belo Monte será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, sólo detrás de la de Tres Gargantas (China) e Itaipú (Brasil y Paraguay).
La previsión del Gobierno es que la hidroeléctrica, que será construida en el municipio Altamira del estado amazónico de Pará (Norte), empiece a operar en una primera fase en 2015, y que esté completamente terminada y funcionando a pleno en 2019.