El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta hoy un juicio crucial para su futuro político, el cual podría absolverlo o ratificar una condena a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. En caso de condena, la promovida candidatura presidencial de Lula para las elecciones del próximo octubre podría quedar inhabilitada, aunque la decisión final será del Tribunal Electoral.

La legislación brasileña, además, establece que un condenado en segunda instancia no tiene derecho a libertad condicional, por lo que Lula podría ser encarcelado cuando agote los recursos judiciales para intentar revertir la posible condena.

El decisivo juicio tendrá lugar en la ciudad de Porto Alegre, sede del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), que se ha blindado para la ocasión con un amplio dispositivo de seguridad que envuelve a unas 4.000 personas.

Francotiradores en azoteas, casi 150 cámaras de seguridad, unos 300 periodistas acreditados y miles y miles de simpatizantes y contrarios al exmandatario apostados en la calles de la capital del sureño estado de Río Grande do Sul, son solo algunos de los datos de un pleito que ha traspasado las fronteras de Brasil.

La decisión que marcará el futuro político de Lula estará en manos de los tres magistrados que integran la octava sala del tribunal: Leandro Paulsen, Víctor Luiz dos Santos Laus y Joao Pedro Gebran Neto, instructor del caso relacionado con la trama corrupta destapada en la petrolera estatal Petrobras.

El trío comenzará a las 08.30 hora local (07.30 de Argentina) el análisis del recurso de apelación contra la sentencia que dictó en julio el juez Sergio Moro, de primera instancia, y que de ratificarse, podría anular su eventual candidatura para las elecciones presidenciales del próximo octubre.

De todos modos, también existe la posibilidad de que los jueces decidan hoy posponer el fallo y argumentar que necesitan más tiempo para estudiar el caso y deliberar.

Hasta ahora, la octava sala ha seguido una línea dura contra los sospechosos por corrupción, pues apenas ha absuelto a cinco de los 77 condenados por Moro y en la mayoría de los procesos ha confirmado la pena y, en ocasiones, hasta la ha aumentado.

Por si la tensión no fuera ya elevada, el presidente del TRF4, Carlos Eduardo Thompson, expuso ante diferentes autoridades las amenazas publicadas en Internet que han recibido en las últimas semanas los tres magistrados de la octava sala.

En este proceso, uno de los siete que acumula con la Justicia, Lula, de 72 años, fue condenado sobre la acusación de que la constructora OAS le entregó un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de ser favorecida en contratos con la petrolera estatal emblemática de Brasil, Petrobras.

El litigio en los tribunales se trasladó también a las calles pues miles de simpatizantes y contrarios a Lula realizan actividades de todo tipo para defender sus posiciones, con campamento y vigilia incluidos.

Lula es líder indiscutible en todos los sondeos electores publicados hasta la fecha, pero al mismo tiempo es uno de los dirigentes políticos con un mayor porcentaje de rechazo que percibe con miedo la posibilidad de su vuelta al poder y con él la corrupción. El expresidente tiene previsto regresar hoy mismo a Sao Paulo, su cuna política, y estará respaldado por miles de simpatizantes que claman su candidatura, independientemente del veredicto del TRF4.

• Cortes y acampes
   

En el Lago Guaíba habrá patrullaje de la policía local, que usará las 150 cámaras del control del tránsito como vigilancia frente a las masivas manifestaciones, que se iniciaron el lunes con cortes de rutas y acampes por parte del Movimiento Sin Tierra (MST), brazo popular del Partido de los Trabajadores de Lula.

Blindan alrededores del Tribunal Regional   

El secretario de Seguridad del estado de Río Grande do Sul (fronterizo con Argentina), Cézar Shirmer, anunció que el perímetro del Tribunal Regional Federal 4 será blindado para impedir el paso de manifestantes a la región durante la audiencia. "Tener francotiradores de elite policial es parte de un proceso de prevención, no van allá arriba para disparar", explicó.

Por su parte, Nelson Marchezan, alcalde de Porto Alegre aliado del presidente Michel Temer, había pedido al gobierno nacional la intervención del Ejército en las calles para tener todo bajo control este miércoles, pero el pedido no fue atendido y quedó en manos de la policía del estado de Rio Grande do Sul.

Durante la audiencia, el espacio aéreo en un perímetro de 500 metros del tribunal será cerrado y apenas autorizado para el traslado de los jueces, en caso de que no puedan llegar a raíz de los bloqueos por las manifestaciones. Por otra parte, opositores al PT, como el ultraderechista Movimiento Brasil Libre, anunciaron la realización de un "carnaval anti Lula" después de la sesión, supuestamente para festejar la eventual confirmación de la condena y reclamar la prisión del ex sindicalista.