El juez Thomas Griesa convocó ayer a la Argentina el lunes próximo para que exponga sus argumentos por los cuáles ‘no debería ser declarada en desacato, al incumplir su fallo y afrontar sanciones por 50.000 dólares diarios‘, informaron agencias internacionales.

‘El magistrado citó a la Argentina para que se presente el lunes próximo y exponga sus motivos y para que demuestre por qué no debe cumplir con el fallo‘, dicen los reportes.

Según especialistas, el juez Thomas Griesa podría esperar que la Argentina inicie un proceso formal de pago por fuera del sistema financiero estadounidense para evaluar entonces una orden de desacato.

Para este viernes, Griesa había convocado a una audiencia para analizar un requerimiento de Citigroup, que le pidió que lo autorice al pago de los bonos en dólares con legislación argentina.

Durante su discurso en la 69ª Asamblea de las Naciones Unidas, la presidenta Cristina Fernández, cargó ayer justamente contra el juez Griesa y lo acusó de ‘complicidad‘ con los fondos buitre.‘En ese sentido, aprovechó para cuestionar al FMI al sostener que ‘ya casi nadie se acuerda de pedir la reforma del Fondo Monetario Internacional porque ha perdido protagonismo en todas las decisiones‘. ‘Es más, el propio Fondo Monetario Internacional y su titular y otra ex titular como Anne Kruger, están pidiendo también una regulación en la forma de reestructurar las deudas soberanas‘, afirmó Cristina Fernández.

Horas antes de la presentación de CFK en la ONU y de la nueva citación de Griesa, el Gobierno nacional publicó ayer en el Boletín Oficial, que el Ministerio de Economía abrió la cuenta en Nación Fideicomiso para iniciar en los próximos días el proceso de depósitos de los 250 millones de dólares del vencimiento que opera el próximo martes 30 de septiembre.

El gobierno aprobó el modelo de “Contrato de Fideicomiso – Fondo Ley N° 26.984”, creado por la ley de Pago Soberano, que formaliza el mecanismo para remover al Bank of New York Mellon como agente fiduciario pagador de la deuda pública, y propone las plazas de Buenos Aires y de París en sustitución de la norteamericana, como sede para saldar los compromisos financieros. La norma recuerda que esa ley declaró de interés público la “reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina”. En ese sentido, se dispone la aplicación de los contratos celebrados en el marco de las reestructuraciones, “a los fines de preservar el cobro por parte de los bonistas interesados”.