El narcotráfico en Perú no tiene secuestrado al país ni hipoteca las políticas del gobierno como sucede o sucedía en la vecina Colombia, pero las cifras no son halagüeñas y no dejan de agravarse.
El último informe oficial de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) deja las cosas claras: el volumen de cultivos de coca se ha incrementado un 6,8% en 2009 con respecto al año anterior, la mayor subida de los últimos cinco años, mientras que los decomisos de pasta básica han bajado un 15% y los de clorhidrato de cocaína, un 33,7%.
Este dato contrasta con los de la región andina en su conjunto donde el cultivo de la coca bajó 5%, gracias en gran parte a un descenso del 16% en Colombia.
Con 119.000 toneladas métricas en 2009, Perú produce el 45,5% del total de hoja de coca en la región andina. Este país, donde cultivar la hoja de coca es legal, es el segundo productor mundial de esta planta (37% del total mundial) y de su derivado, la cocaína, pero en número de incautaciones ocupa el séptimo lugar, ya que los expertos calculan que la policía llega a decomisar solo un 5% del total de cocaína elaborada.
Al gobierno peruano le gusta hablar del "milagro San Martín" al hecho de que en el valle del Alto Huallaga, antaño un territorio comanche en manos del narcotráfico, los campesinos se dejan convencer ahora por la agricultura legal y arrancan la hoja de coca para plantar cacao o café.
Sin embargo, el milagro se escribe con minúsculas: en 2009 la extensión de los cultivos de coca en ese valle se redujo en un 2% con respecto al año anterior, y la coca del Alto Huallaga aún supone un respetable 29,2% del total de 59.900 hectáreas registradas en el país.
¿Cómo es que los cultivos de coca no retroceden en favor de productos limpios?
Las razones son complejas, pero todas confluyen en una: la debilidad del Estado en esas zonas donde la sierra se suaviza antes de convertirse en selva y en las que la coca siempre ha existido consumida de forma tradicional.
La tierra allí es ingrata y admite pocos cultivos, pero la coca se adapta a la perfección y atrae a una masa de campesinos nómadas, desplazados de la sierra por culpa del terrorismo, antes, y de la miseria, siempre.
En muchos de esos valles alejados es "vox populi" que la policía, por miedo, por falta de medios o por connivencia, cierra los ojos ante el constante trasiego de vehículos que transportan los productos químicos necesarios para macerar la coca en las propias granjas en pozas pomposamente llamadas "laboratorios artesanales".
Las operaciones de erradicación de hoja de coca "no son nada populares, por supuesto", como reconoce el general retirado Juan Zárate, que dirige el contingente de agentes pagados para arrancar plantaciones de coca y que, pese a contar siempre con una densa protección policial, son objeto de frecuentes ataques y atentados. Lo cierto es que la pasta base o la cocaína procesada viajan con relativa impunidad por ríos amazónicos, trochas selváticas y carreteras asfaltadas, y sólo una pequeña parte es descubierta en el aeropuerto de Lima en manos de extranjeros incautos que luego dependen de sus consulados para sobrevivir en las hacinadas prisiones peruanas.
Pero aún hay otro eslabón que es más débil. Se trata del judicial lo que convierte la lucha contra el flagelo de las drogas en una utopía.