El presidente de Chile, Sebastián Piñera, introdujo la semana pasada importantes cambios en su Gabinete para hacer frente a una apurada situación política a causa de los desaciertos de algunos ministros, la radicalización de las protestas sociales y un fuerte descenso de su popularidad.

El viernes, el mandatario aceptó la renuncia de los ministros de Trabajo, Camila Merino; Transportes, Felipe Morandé, y Energía, Ricardo Raineri. Un día antes había renunciado el titular de Defensa, Jaime Ravinet, tras una serie de desaciertos.

Tres de las cuatro vacantes ya tienen nombre: el senador oficialista Andrés Allamand ocupará la cartera de Defensa; la senadora Evelyn Matthei la de Trabajo y el ministro de Minería, Laurence Golborne -el político más apreciado del país- se hará cargo también de Energía.

Con esos cambios, Piñera refuerza el peso político del Gabinete, hasta ahora copado por empresarios y técnicos, y se hace eco de las demandas de la coalición de Gobierno.

Porque hasta ahora buena parte de las críticas no provenían de la opositora Concertación -de capa caída desde la derrota electoral- sino de las propias filas del oficialismo.

"El gran problema del Gobierno de Sebastián Piñera es que es de Sebastián Piñera. No he escuchado nunca a un ministro ni al presidente hablar de la Alianza", se lamentaba hace poco el diputado Pablo Longueira, de la Unión Demócrata Independiente.

Mañana lunes se cumplirá un año desde que Piñera derrotó al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, con la promesa de aplicar "una nueva forma de gobernar", un mensaje tan ambiguo como convincente que conectó con el ansia de renovación de amplios sectores sociales.

Sin embargo, a diez meses de su llegada a La Moneda, el presidente atraviesa por un difícil momento: la aprobación de su Gobierno ha caído hasta el 47%, el peor nivel obtenido por un Ejecutivo chileno desde el retorno a la democracia en 1990, según una reciente encuesta.

Además, la región austral de Magallanes, la más fría del país, está paralizada por una huelga general indefinida en protesta por el aumento del precio del gas.

Y por si fuera poco, esta semana el relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, dijo que está seriamente preocupado por la represión ejercida por las fuerzas de seguridad chilenas en las protestas de indígenas rapanui en la Isla de Pascua.

"Piñera es un inversionista financiero, no un líder social. No tiene una agenda programática en la cabeza, sino que se mueve por la improvisación. Eso le hace cometer muchos errores", declaró a Efe Santiago Escobar, coordinador editorial del diario electrónico "El Mostrador".

"Si continúa por ese camino, se acercará a un modelo de caudillismo personal muy parecido al venezolano o al boliviano", aseveró.

Economía, en alza

Curiosamente, el descenso en la popularidad de Piñera se da en medio de una situación económica boyante, con un crecimiento vigoroso, una notable reducción del desempleo y perspectivas halagüeñas para el resto de su mandato.

Chile es el país "más estable" de Latinoamérica, según un informe del Banco Mundial que pronostica que el PIB crecerá a un promedio del 5,4% hasta 2012.

"En el balance económico, 2010 fue un año muy bueno", señaló a Efe Cecilia Cifuentes, economista de Libertad y Desarrollo, una fundación próxima al Gobierno.

"Hay una perspectiva favorable que ha incrementado la demanda interna porque se percibe un escenario más positivo en el manejo de las políticas públicas", detalló la analista, para quien "resulta paradójico ver que los índices económicos avanzan de manera marcada y a pesar de eso la popularidad del Gobierno es relativamente baja".

En la mayoría de los casos esto se debe "a un mal manejo comunicacional", sostuvo.

Uno de los aspectos en los que Sebastián Piñera tiene mucho que mejorar, según el abogado Roberto Garretón, es en el ejercicio de las libertades ciudadanas.

"El presidente habla de derechos humanos a cada rato, pero a veces eso no se traduce en política", dijo a Efe este reconocido activista.

"La policía no ordena las manifestaciones, las combate", aseguró Garretón, quien llamó también la atención sobre la falta de diálogo.

"Cuando los grandes conflictos ya están desatados, este Gobierno llama a la Iglesia para que se los solucione", como durante la huelga de hambre de los presos mapuches y ahora con las protestas en Magallanes por la subida del gas.