Fue a finales de los años 90 que el estado guatemalteco incitó la población a crear juntas locales de seguridad, o comités de vigilancia, para luchar contra la delincuencia ante el fracaso de la policía. Sin embargo, expertos en seguridad como Iduvina Hernández, directora de la ONG SEDEM Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia, que observa los servicios de seguridad, recuerda los riesgos de tal práctica.

“Es la lógica del ‘vigilantismo’ que durante años ha sostenido la política de seguridad del Estado de Guatemala que, al ser incapaz de cumplir con la responsabilidad de proveer seguridad en democracia, descansa en otorgar y trasladar una función que debe ser indelegable a grupos organizados en las comunidades”, afirma.

“Estos grupos -como muestra la experiencia documentada- llegan en un momento determinado a cometer abusos y a violentar derechos de los propios ciudadanos que, se supone deben proteger”, subraya.

Pese a que el gobierno tomó distancia de estas organizaciones de autodefensa, su presencia sigue observando en poblados de Guatemala. ‘Estos grupos empezaron a armarse y luego de un debate público sobre esta situación y los riesgos que conllevaba, el ministerio de Gobernación eliminó en parte su apoyo a estos grupos”, recuerda Hernández.

“Sin embargo, algunos se mantuvieron en San Juan y en San Pedro Sacatepéquez. Usted se desplazaba a esos municipios y empezaba a ver rótulos en todos los postes que anunciaban la presencia de actividad de vigilancia. Y decían ‘ciudadanos organizados, aquí no entran ladrones’, etcétera, para evitar la presencia de grupos supuestamente vinculados a maras y pandillas. En muchos poblados se mantuvieron estos grupos. Llegaron a cometer abusos en la zona de Sajul. Hubo también linchamientos promovidos por estos grupos que se hacían llamar ‘juntas locales de seguridad’”, añade la experta en seguridad.