El excamarista federal de Mendoza Otilio Roque Romano, acusado de amparar delitos de la última dictadura militar, fue detenido en el departamento que ocupaba en el balneario chileno de Reñaca, en el paso previo inmediato a su extradición a la Argentina.

La Corte Suprema de Chile ya aprobó la extradición de Romano, al confirmar la medida que había dispuesto un juez de primera instancia en junio pasado.

‘En el día de hoy se ha detenido al señor Otilio Romano‘, informó el ministro del Interior y Seguridad, Andrés Chadwick. El ministro, que participaba de la V Reunión Binacional de Ministros, intendentes y gobernadores de Chile y Argentina, confió en que en breve ‘se materialice‘ la extradición ‘y que esté a disposición de los tribunales de nuestra querida república Argentina‘.

La defensa cuestionó la orden de arresto de Romano por parte de la Justicia argentina y remarcó que el gobierno de Cristina Fernández no respetó el principio de reciprocidad cuando se negó a enviar a Santiago al chileno Sergio Galvarino Apablaza, acusado del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán.

Sin embargo, la Corte chilena desestimó esos argumentos y resaltó que existen ‘obligaciones de rango superior contraídas por el Estado chileno a través de los tratados internacionales que ha suscrito y que se ha obligado a respetar y de cuyo incumplimiento deriva responsabilidad internacional‘. Al justificar su decisión, la Justicia chilena consideró que hay presunciones fundadas de participación en ‘34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas, 26 delitos de privaciones ilegítimas de libertad, 36 delitos de tortura, un delito de allanamiento ilegal y un delito de denegación de Justicia‘.

Hace dos años Romano fue procesado, acusado de no investigar o consentir un centenar de delitos de lesa humanidad perpetrado durante la dictadura militar cuando era fiscal federal y juez subrogante de Mendoza.

El Consejo de la Magistratura lo suspendió y lo envió a juicio político el 25 de agosto de 2011, pero un día antes Romano huyó a Chile, donde pidió refugio. En mayo de 2012 el Gobierno chileno rechazó considerar a Romano refugiado político y comenzó a tramitarse el juicio de extradición.