La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, eligió ayer un tono combativo en su alegato final en el juicio político que el Senado sigue en su contra y admitió que siente el ‘sabor amargo de la injusticia‘ mientras el país está ‘a un paso de un golpe de Estado‘.
Rousseff se mostró firme en su último discurso, pronunciado en vísperas de la votación que definirá el destino político de la primera mujer presidenta de la historia de Brasil, pero a pesar de su entereza sus ojos se llegaron a humedecer en alguna ocasión.
‘No lucho por mi mandato, vanidad o apego al poder. Lucho por la democracia, la verdad y la justicia‘, declaró desde la tribuna, en un discurso de unos 45 minutos, leído en pie en medio del completo silencio del pleno de la Cámara Alta.
Arropada por buena parte de su gabinete; por su padrino político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y por amigos, como el cantante Chico Buarque, la presidenta desgranó, durante un discurso de unos 45 minutos, los argumentos de su defensa en intervención ante el pleno del Senado.
Rousseff dijo que siente ‘el gusto amargo y áspero de la injusticia‘ y advirtió a los senadores que no caería en ‘el
obsequioso silencio frente a los cobardes que pretenden atentar contra el Estado de Derecho‘.
Con una firmeza que se quebró por la emoción contenida apenas unos segundos casi al final de su intervención, Rousseff insistió en su inocencia y aseguró que, en el ejercicio de su mandato, cumplió con rigor con el ‘compromiso de defender la Constitución‘ y las leyes.
‘Sólo temo por la muerte de la democracia‘, llegó a decir en un momento de una intervención en la que insistió en que ha sido ‘acusada injusta y arbitrariamente‘ para darle viabilidad a ‘un golpe‘ promovido por la elite política y económica.
La presidenta, suspendida temporalmente del poder en mayo y sustituida por Michel Temer -su vicepresidente-, sostuvo que un cambio de Gobierno, en un ‘régimen presidencialista‘ como el que rige en Brasil, sólo puede ser hecho ‘por el pueblo y mediante elecciones‘ y no ‘mediante una ruptura democrática‘ como la que, en su opinión, puede decretar el Senado con su destitución.
‘Todos seremos juzgados por la historia‘, concluyó la mandataria, que insistió en sus argumentos durante el turno de preguntas y respuestas abierto con los senadores, que podía prolongarse hasta bien entrada la madrugada si se cumplen las previsiones.
En las afueras del Congreso, cientos de simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, siguieron el desarrollo de la jornada en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.
El pleno del Senado, compuesto por 81 senadores, decidirá, probablemente entre hoy y mañana, si condena a Rousseff y la remueve de su puesto.
La presidenta, suspendida de sus funciones desde que se abrió el proceso, el pasado 12 de mayo, está acusada de haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y de atrasos en depósitos en la banca pública que generaron costosos intereses y se configuraron como créditos, según la acusación.
Aunque ambas operaciones están prohibidas por la ley, los datos oficiales dicen que ese tipo de maniobras son más que comunes en la administración pública brasileña.
De hecho, fueron realizadas por otros gobernantes anteriores, pero siempre en montos muy inferiores y, en el caso de los atrasos con la banca pública, por unos pocos meses y no durante más un año, como ocurrió en el periodo de Rousseff.
Para muchos expertos, más que en las maniobras irregulares, el ‘pecado‘ de Rousseff está en la pérdida de su apoyo parlamentario que se fundió al calor de una grave crisis económica y política. El debilitamiento de Rousseff, de ese modo, permitió a sus adversarios valerse de mecanismos jurídicos, poco aplicados pero contemplados en las leyes, para promover un juicio polémico que se ajusta estrictamente al marco constitucional.
Fuente: Efe