Grecia, 2 de julio.- El repunte de los mercados tras las votaciones parlamentarias del plan y de su instrumentación el miércoles y jueves pasados, tiende a reforzarse con la decisión del Euro grupo de ministros de Economía y Finanzas de aprobar la ayuda inmediata a Grecia hoy y anular la reunión que tenían prevista para mañana en Bruselas.

Pero la decisión de aprobar un nuevo paquete de ayuda por 85.000 millones de euros de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), recién se conocerá el próximo el 11 de julio cuando se vuelva a reunir el Euro grupo.

Allí se analizará en detalle el plan aprobado por el Parlamento griego el miércoles pasado, así como su instrumentación votada el jueves, y se sabrá si esta troika de prestamistas lo consideran viable.

No hay que olvidar que Bruselas aprobó un paquete de ayuda de 110.000 millones de euros para Grecia en mayo de 2010, de los cuales se desembolsaron 65.000 millones, lo que no impidió que la crisis del país heleno se profundizara aún más.

Bien mirado, lo obtenido con aquel rescate ha sido sólo tiempo. Tiempo para evitar que una quiebra griega arrastre al resto de la periferia europea y, en extremo, al proyecto euro en su conjunto.

Para Grecia, un año después, las cifras no podrían ser más negativas: caída del 4,5% del PBI en 2010, con un pronóstico de otro retroceso del 4% para 2011; aumento de la deuda pública del 120% del PIB al 150% entre 2009 y 2010; aumento del desempleo; quiebras generalizadas de Pymes, y una rebelión social y política en ascenso.

El nuevo plan implica una repetición ampliada del ejecutado desde mayo de 2010.

La perspectiva del ajuste aprobado esta semana será llevar la relación deuda/PBI al 200% para 2015, con un costo anual del servicio de la deuda equivalente al 12% del PBI y con un aumento del déficit fiscal al 15% del PBI, según las cifras de la troika UE-BCE-FMI.

En sus trazos más generales, el programa busca incrementar los ingresos estatales en 78.000 millones de euros: 50.000 millones de éstos provendrían de privatizaciones de empresas estatales y los 28.000 millones restantes de mayor presión fiscal.

El Estado incrementará impuestos generales en 2.300 millones este año, 3.380 millones el próximo y 852 millones más en 2013 y 2014; además, prevé recaudar 1.300 millones imponiendo una tasa "solidaria" a los trabajadores; el IVA pasará del 13% al 23% en bares y restaurantes; se despedirán unos 150.000 empleados públicos y se podarán en 5.000 millones de euros otros gastos sociales a los más pobres.

La escasa, por no decir nula, viabilidad de este experimento de desestructuración de una nación, ha sido destacada ayer por el semanario conservador y tatcherista británico The Economist, que desconfía de la capacidad política del gobierno para imponer el plan, al tiempo que reclama liquidar a los sindicatos y terminar con la corrupción.

Los bancos acreedores franceses, por su parte, propusieron esta semana un plan de "ayuda" para Grecia: proceder a un roll-over (renovación) voluntaria de la deuda que vence desde ahora hasta 2014 y cambiar los estos bonos por otros nuevos a un plazo de cinco años.

Francia ha apoyado a sus bancos que buscan, así, responder positivamente al pedido de Alemania de aportar a la solución del problema griego, y este camino fue ayer seguido por los bancos germanos.

El único inconveniente de este "aporte" de los financistas acreedores es que el canje de bonos propuestos es de una compleja naturaleza técnica que apunta solamente a garantizarse el cobro de sus acreencias y no ofrece el menor alivio a Grecia.

En el caso de los bancos alemanes es incluso peor, porque los más expuestos a la deuda de corto plazo son entidades cuyos activos "malos" han sido estatizados.

Como en 2010, es evidente que el nuevo programa de rescate de Grecia apunta exclusivamente a ganar tiempo, intentando postergar lo más lejos posible la quiebra griega, de manera de darle tiempo a los bancos privados acreedores de deshacerse de los títulos de la deuda griega con los fondos de rescate.

Fondos de rescate que, por cierto, son públicos (BCE, UE, FMI) y, por tanto, aportados directa o indirectamente por los contribuyentes de toda Europa y de otros países del mundo.

En el caso, harto improbable, de que el nuevo plan lograra durar hasta 2014, los bancos privados se habrían deshecho para esa fecha de casi todos sus títulos, los cuales pasarían a la cartera del BCE y de los Estados, los cuales, por tanto, impondrían austeridad a sus ciudadanos para que éstos paguen el rescate de los privados.