México, 8 de noviembre.- Seis semanas después de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos en el estado de Guerrero, presuntos sicarios del narcotráfico confesaron que los jóvenes fueron asesinados y que sus restos fueron quemados, depositados en bolsas y arrojados a un río cercano, informó ayer el fiscal general mexicano, Jesús Murillo Karam.
En un crimen que conmocionó al país y que desató manifestaciones en todo el mundo, tres de los detenidos revelaron que los estudiantes fueron asesinados luego de ser entregados por un grupo de policías. "Los quemaron con ropa y todo", contó Murillo en una conferencia de prensa.
Allí también anunció la detención de tres miembros del cartel Guerreros Unidos: Patricio Reyes, Jonatan Osorio y Agustín García, que se declararon autores del asesinato de los estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre en la localidad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero.
Pese a la revelación, los padres de los estudiantes insistieron en que siguen con vida y rechazaron los testimonios de los detenidos. "Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos", recalcó Felipe de la Cruz, vocero del grupo de padres de los jóvenes. De acuerdo con los nuevos testimonios, los jóvenes fueron trasladados esa misma noche en vehículos a un basurero de la vecina localidad de Cocula, adonde unos 15 de ellos ya llegaron muertos por asfixia.
"Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y después los arrojaron a la parte baja del basurero y quemaron los cuerpos", dijo el fiscal general.
Según Murillo Karam, los detenidos indicaron que los restos calcinados fueron colocados en bolsas de basura que vaciaron en un río cercano. Agregó que una de las bolsas fue encontrada completa y cerrada, y que en su interior fueron hallados restos humanos que podrían no llegar a ser nunca identificados.
"El alto nivel de degradación por el fuego hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación. Sin embargo, no ahorraremos esfuerzos hasta agotar todas las posibilidades científicas", dijo el fiscal.
Murillo Karam dijo también que hasta que no tengan pruebas científicas de la muerte de los estudiantes desde el punto de vista legal deberán seguir considerándolos como desaparecidos.
Previamente, el fiscal había tenido una reunión con familiares de las víctimas. Al concluir ese encuentro, Felipe de la Cruz precisó que se habían encontrado seis bolsas con restos humanos y cenizas, pero no confirmó que se trate de los estudiantes.
Los familiares salieron en grupo y se subieron a ómnibus para dirigirse hacia la escuela de sus hijos, la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada cerca de Chilpancingo.
La noche del 26 de septiembre los estudiantes desaparecieron después de ser perseguidos y atacados por policías municipales en alianza con narcotraficantes del cartel de Guerreros Unidos en Iguala, unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México. Esa noche hubo, además, seis muertos y 25 heridos.
Los estudiantes habían ocupado en Iguala unos ómnibus para usar en su traslado a la capital del país, donde iban a participar de la conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968, y la policía los interceptó por una supuesta orden del alcalde José Luis Abarca y su esposa para evitar que sabotearan un acto de su esposa. Ambos están detenidos como presuntos autores intelectuales del hecho.