Un enfrentamiento con armas de fuego y granadas dejó este viernes al menos 29 presos muertos en una comisaría de la localidad venezolana de Acarigua, en el estado Portuguesa (oeste), informaron las autoridades.

La intervención de Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) para controlar un "intento de fuga masiva" culminó con "saldo de 29 personas fallecidas dentro de la población penal", dijo a la prensa el secretario de Seguridad Ciudadana de Portuguesa, Oscar Valero.

Según Valero, los reclusos recibieron a los agentes con "una lluvia de disparos", a la vez que detonaron tres granadas, andanadas que causaron heridas a 19 funcionarios policiales.

Un balance previo de la ONG Una Ventana a la Libertad, que defiende los derechos de presidiarios, daba cuenta de 25 reclusos fallecidos.

Carlos Nieto, director de esa ONG, declaró a la AFP que los comandos de las FAES irrumpieron para rescatar a visitantes que habían sido tomados como rehenes el jueves por el "pran" (líder de los presos), quien murió.

"Esta mañana enviaron al FAES y hubo un enfrentamiento. Los reclusos tenían armas, les dispararon a los policías", señaló el activista.

Violencia crónica

El Ministerio de Asuntos Penitenciarios no suele informar sobre estos incidentes, aduciendo que centros de detención preventiva como el de Acarigua no están a su cargo.

La violencia es moneda común en esos establecimientos, donde según el código penal los acusados no deberían pasar más de 48 horas.

Pero los cerca de 500 que existen en Venezuela albergan a unos 55.000 detenidos, cuando su capacidad es apenas para 8.000, de acuerdo con Una Ventana a la Libertad.

En la comisaría de Portuguesa, con capacidad para mantener detenidas temporalmente a 60 personas, había unos 500 reclusos, según un parte interno policial al que tuvo acceso la AFP.

Las cárceles venezolanas son de las más violentas de la región y también están hacinadas, lo que lleva al uso de las comisarías como prisiones improvisadas. El 28 de marzo de 2018, un total de 68 detenidos murieron en un incendio en unos calabozos policiales de la ciudad de Valencia (norte), en medio de un motín.

En agosto de 2017, una reyerta dejó 37 reclusos fallecidos en un centro de detención provisional en el estado Amazonas (sur), tras lo cual se denunció que algunos detenidos fueron ejecutados.

Se estima que más de 400 personas han sido asesinadas desde 2011 en las prisiones venezolanas, afectadas además por la corrupción y la falta de alimentos y atención médica, según organizaciones de derechos humanos.

Desde el jueves circulaba un video en redes sociales en el que se ve a un detenido, el señalado "pran" Wilfredo Ramos, con el rostro semicubierto, amenazando a dos mujeres.

"Es la vida de nosotros y de la visita que tenemos aquí; estamos apoderados de la visita", decía el hombre, blandiendo una pistola y lo que parecían dos granadas.

"No se me van a meter (a los calabozos), porque estoy dispuesto a morir. Aquí queremos la paz", advirtió, mientras una mujer suplicaba ayuda.

Nieto indicó que los internos exigían "ingreso de comida y traslado a prisiones" regulares, al tiempo que denunciaban "abusos" de los policías a cargo de su custodia.

Los centros de detención provisional "no son espacios aptos para tener reclusos por más de 48 horas. A quien le corresponde velar por los presos es al Ministerio, pero no asume las funciones que le corresponden", afirmó el activista.

La situación, añade, es "caótica" en todo el sistema penitenciario, lo que propicia que pandillas asuman el control de algunas cárceles.

"¿Hasta cuándo van a seguir muriendo los presos en Venezuela que están bajo responsabilidad del Estado?", cuestionó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, al denunciar el caso como una "masacre".

Las FAES -un cuerpo élite de la policía- son acusadas de múltiples violaciones de derechos humanos en su lucha contra la delincuencia, incluidas supuestas ejecuciones.