El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil comenzó a juzgar ayer la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, que puede ser vetada por la situación judicial del exmandatario, en prisión por corrupción.

Lula fue registrado como abanderado del socialista Partido de los Trabajadores (PT), pero el tribunal ha recibido 17 impugnaciones en contra, todas apoyadas en normas electorales que impiden postular a una persona con una condena confirmada en segunda instancia, como es su caso.

En la audiencia se iban a analizar los alegatos presentados por la defensa de Lula, que entre sus diversos argumentos citó una decisión no vinculante de Naciones Unidas, que pide garantías para su participación en las elecciones del 7 de octubre próximo.

El expresidente Lula ingresó en prisión el pasado 7 de abril.

La decisión final quedó en manos de los siete miembros del TSE. Luis Roberto Barroso, instructor del TSE, fue el primero en votar y pidió que la postulación del expresidente para las elecciones del 7 de octubre sea negada por su condición de condenado a prisión.

La opinión de Barroso será debatida por los otros seis miembros del TSE, sobre la base de normas electorales que prohíben en forma explícita que una persona en la situación de Lula, con una condena ya ratificada en segunda instancia, postule a cualquier cargo.

"Voto por la procedencia de las impugnaciones" y en consecuencia "niego el registro de la candidatura de Lula", declaró el juez Barroso. También, según las normas electorales, propuso un plazo de diez días al PT para que reemplace a Lula como candidato presidencial, lo cual puede encumbrar a esa posición a Fernando Haddad, compañero de fórmula del exmandatario.

Asimismo, subrayó que Lula no podrá aparecer en los espacios de propaganda política del PT en ningún medio. La campaña de los candidatos presidenciales comienza hoy.

Lula ingresó en prisión el pasado 7 de abril, condenado a doce años por corrupción y lavado de dinero en asuntos vinculados a los escándalos en la estatal Petrobras, de los que se habría beneficiado con un apartamento entregado en forma de comisión por una constructora.

Fuente: Efe