La Argentina ha sido contundente en su rechazo al inminente ataque militar a Siria por parte de los Estados Unidos, coherente con una historia de rechazo a las intervenciones militares y a favor de la paz.
Nuestro país ha sido igualmente claro en su condena a la posible utilización de armas químicas las use quien las use- y, en tal sentido, ha demostrado con acciones su firme compromiso con la no-proliferación y la eliminación de las armas de destrucción masiva. Sin embargo, en el caso de Siria, por el momento, las Naciones Unidas aún no han podido corroborar que el gobierno posea armas químicas y que las haya utilizado contra la población civil.
El plan para atacar Siria cuenta con el apoyo de solo seis países de los que integran el G20 (Francia, Canadá, Turquía, Arabia Saudita, el Reino Unido y Alemania), mientras que Rusia, China, India, Indonesia, Argentina, Brasil, Sudáfrica e Italia, entre otros, se pronunciaron en contra de la solución militar. Un plan que nos recuerda la aventura militar en Irak que fue invadido con la misma excusa de las armas de destrucción masiva, que no pudo ser probada y que luego los propios norteamericanos tuvieron que reconocer que no existían.
También se repiten las grandes operaciones mediáticas que desvían la atención de los poderosos intereses que se esconden detrás de estos conflictos. En este sentido, en la reunión del G20 que tuvo lugar días atrás en San Petersburgo, la presidenta Cristina Fernández propuso discutir la cuestión de la provisión y venta de armas, buscando develar el verdadero motor de la mayoría de las intervenciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos que, lejos de resolver el problema, han contribuido a sumar miles de muertos y heridos inocentes. Un asunto cuyas causas más profundas pueden rastrearse en la ubicación geopolítica de Siria y la presencia de petróleo en Medio Oriente, una constante que sobrevuela cada acción norteamericana en el área.
Por otra parte, la situación en Siria dejará al descubierto el resquebrajamiento del sistema multilateral y el menosprecio a su sistema legal, si el ataque militar efectivamente es definido unilateralmente por el Congreso norteamericano.
En este marco, la Argentina ha reclamado que la solución la busque la ONU -ya sea por parte de su Consejo de Seguridad, que actualmente nuestro país preside, o directamente en Asamblea General- para evitar que se aborde en forma unilateral. Y ha propuesto, como alternativa al ataque militar, el embargo de armas, el traslado de los quince miembros del Consejo de Seguridad a Siria para exigir el cese de la violencia y el inicio de un diálogo entre las partes en conflicto -el régimen de Al Asad y los rebeldes- junto a una intervención humanitaria que atienda la grave situación de la población que ya contabiliza más de cien mil muertos y casi dos millones de refugiados fuera del país. La posición de la Argentina es categórica, no avalaremos ninguna intervención militar extranjera que, lejos de resolver el conflicto, produzca más muertes y más sufrimiento. Y el mensaje a la comunidad internacional es inequívoco: el pueblo argentino está a favor de la paz.