Brasil.- Una jueza de Río de Janeiro ordenó hoy el bloqueo de WhatsApp en todo Brasil, por tercera vez en ocho meses, ante la negativa de Facebook -dueña de la compañía- de entregar a la Justicia una serie de mensajes intercambiados por personas que están siendo investigadas por diferentes delitos.
La orden del tribunal fue comunicada a todas las operadoras brasileñas de telecomunicaciones esta mañana y comenzó a regir por tiempo indeterminado, informó la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, regulador).
La decisión fue emitida por la jueza de fiscalización de la Sala de Ejecuciones Penales de Río de Janeiro, Daniela Barbosa Assunção de Souza, según citó la agencia EFE.
Asimismo, la jueza determinó la imposición de una multa de 50.000 reales -más de 231.000 pesos- por cada día en que Facebook atrase la entrega de las informaciones solicitadas.
Según Assunção de Souza, Facebook se negó a atender una orden judicial tras ser notificado en tres oportunidades para que entregara a la Justicia copia de los mensajes intercambiados por personas que son objeto de una investigación bajo secreto.
Facebook se limitó a informar que no archiva ni copia los mensajes de los usuarios de WhatsApp, añadió la magistrada. En este sentido, la jueza alegó que ‘el servicio de intercambio de mensajes amenaza la seguridad debido a que los criminales ya no usan el teléfono para comunicarse sino WhatsApp, con la garantía de que la Justicia no tendrá acceso a sus comunicaciones‘.
En las dos ocasiones anteriores en que WhatsApp fue bloqueado por orden de un juez de primera instancia en Brasil, la aplicación igualmente fue acusada de negarse a obedecer órdenes judiciales para ofrecer informaciones sobre el contenido de conversaciones de sus usuarios.
La app había sido bloqueada por primera vez en diciembre del año pasado por orden de un juez penal de la ciudad de Sao Bernardo do Campo y solo volvió a operar 12 horas después por determinación de un tribunal de segunda instancia.
En mayo pasado, el bloqueo fue ordenado por un juez de Lagarto, una ciudad en el interior del estado de Piauí, y la determinación igualmente fue suspendida 24 horas después por un tribunal de apelaciones.
En los dos episodios previos, la Anatel consideró desproporcionadas las decisiones judiciales por sancionar a los 100 millones de brasileños que usan el servicio.