La profunda crisis que vive España, con casi cinco millones de desempleados, su economía estancada y los mercados internacionales al acecho de su deuda, serán determinantes hoy en el resultado de las elecciones generales que anticipan un rotundo triunfo del Partido Popular y al vuelta a la derecha al gobierno tras 8 años de socialismo. De todos modos habrá poco que celebrar porque sea quien sea que gane tendrá que cumplir a raja tabla sus compromisos con la Unión Europea de reducción del déficit y reformas estructurales.

La economía ocupó el centro de la campaña electoral que tuvo como principales contendientes al ex vicepresidente y ex titular de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, del gobernante Partido Socialista (PSOE), y a Mariano Rajoy, el líder del conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición en España.

Todas las encuestas dan al PP como vencedor en los comicios, muy por delante del PSOE, al que auguran los peores resultados de su historia y cuyo secretario general y actual jefe de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido su responsabilidad en los casi cinco millones de desempleados existentes en España.

Precisamente, uno de los argumentos reiterados por Rajoy contra Rubalcaba es que éste ha formado parte de un Gobierno con el que hay ‘tres millones más de personas desempleadas‘ que cuando el PP dejó el Ejecutivo español en 2004.

España tiene la mayor tasa de desempleo de Europa con el 21,54% de la población activa y la economía está estancada.

Para afrontar la salida de la crisis y tranquilizar a los socios europeos, Rajoy es partidario de una estricta austeridad. Defiende el recorte del sector público para ayudar a empresas y familias, y la limitación del endeudamiento para todas las administraciones, además de la exigencia de responsabilidades a los gestores públicos que gasten sin respaldo presupuestario.

Si vence en las elecciones, el PP pretende favorecer fiscalmente la reinversión de los beneficios empresariales, incentivar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que contraten trabajadores y ayudar a las firmas a cobrar las deudas pendientes con las administraciones públicas. Propone también una reforma laboral que reduzca los tipos de contrato, aunque sin apostar por la modalidad única, y ajustar las condiciones laborales a la situación de las empresas.

Casi 36 millones de electores están convocados hoy a las urnas.