Un memorando confidencial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado el 23 de diciembre de 2025 y dirigido al Consejo de Seguridad Nacional (NSC), avaló la legalidad de la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su posterior traslado a Nueva York. El documento, elaborado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC), concluyó que el entonces presidente Donald Trump podía autorizar una acción militar limitada sin violar la Constitución estadounidense ni el derecho internacional, siempre que se cumplieran determinadas condiciones.
El análisis jurídico fue realizado once días antes del operativo concretado el 3 de enero y sostuvo que el presidente contaba con base legal suficiente para ordenar el uso restringido de fuerzas militares con el objetivo específico de detener a Maduro y llevarlo a Estados Unidos para su procesamiento judicial. Según el texto, la operación no equivalía a una campaña bélica ni superaba el umbral constitucional de guerra. “No todo uso de la fuerza militar constituye una guerra en el sentido constitucional”, afirma el memorando.
En ese marco, la OLC determinó que Trump no necesitaba una autorización previa del Congreso para avanzar con una intervención limitada de estas características. El criterio central era que el jefe de Estado considerara razonablemente que Maduro representaba una amenaza grave y directa para los intereses nacionales de Estados Unidos, y que la acción respetara principios de proporcionalidad, alcance acotado y duración limitada.
El documento clasifica el despliegue como una acción de “aplicación de la ley” con apoyo militar, y no como una invasión ni una guerra sostenida. De ese modo, el uso de la fuerza quedaba justificado como una respuesta a amenazas atribuidas directamente a Maduro y orientada a proteger intereses vitales estadounidenses.
Uno de los puntos centrales del memorando es el rechazo a considerar automáticamente la operación como una violación inadmisible de la soberanía venezolana, siempre que el objetivo exclusivo fuera la captura de Maduro para su enjuiciamiento en territorio estadounidense. En ese sentido, el texto es explícito: “La operación debe estar diseñada para capturar a Maduro y no para matarlo”, y advierte que un operativo con fines letales plantearía “cuestiones legales sustancialmente distintas”.
La OLC sostuvo además que el mecanismo jurídico clave no era la extradición, sino la denominada “rendición extraordinaria”. Este concepto permite el traslado forzoso de una persona sin proceso judicial local, amparado en el principio Ker-Frisbie, que habilita a los tribunales federales de EE.UU. a juzgar a individuos capturados por la fuerza fuera del país, salvo que tratados internacionales o leyes específicas lo prohíban.
El memorando fundamenta la peligrosidad atribuida a Maduro en acusaciones de narcotráfico, presuntos vínculos con organizaciones armadas extranjeras como las FARC y Hezbollah, y en el endurecimiento de la represión tras las elecciones de 2024. Según el informe, los servicios de inteligencia advertían sobre riesgos de desestabilización regional y sobre la negativa del líder chavista a abandonar el poder voluntariamente.
En el plano operativo, el análisis contemplaba un asalto en Fuerte Tiuna, el complejo militar de Caracas donde Maduro se resguardaba habitualmente. El plan incluía el uso de fuerzas especiales transportadas en helicópteros, apoyo aéreo para neutralizar defensas antiaéreas y sabotajes eléctricos para reducir la capacidad de respuesta. El objetivo declarado era maximizar el factor sorpresa y minimizar las bajas, anticipando resistencia de los cuerpos de seguridad leales al chavismo.
El documento también advertía sobre la posible presencia de Cilia Flores, esposa de Maduro, a quien describía como “más agresiva y combativa” que su marido. Además, reconocía riesgos elevados: una eventual escalada militar, represalias de aliados internacionales de Venezuela y consecuencias políticas y diplomáticas adversas. También señalaba la incertidumbre respecto de la reacción de las Fuerzas Armadas venezolanas y de la posición de organismos multilaterales ante la legitimidad del operativo.
La OLC aclaró que su evaluación era estrictamente jurídica y no implicaba una recomendación política ni estratégica. “Que el Presidente pueda autorizar legalmente la operación no elimina las consecuencias políticas e internacionales sustanciales que podrían derivarse”, advierte el texto. Once días después de la emisión de ese informe, Donald Trump autorizó la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, en un episodio histórico ejecutado sin intervención de organismos internacionales.