El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que escapó de un intento de asesinato mientras se trasladaba en helicóptero, en medio de un pico de violencia política que atraviesa el país a tres meses de las elecciones presidenciales.
Según relató el propio mandatario, el episodio ocurrió la noche del lunes, cuando la aeronave en la que viajaba no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba, en la región del Caribe colombiano, debido al temor de que fuera atacada a disparos. “Temía que le iban a disparar”, sostuvo Petro durante una reunión con ministros transmitida en vivo.
En ese marco, el presidente explicó que el helicóptero debió desviarse hacia mar abierto durante cuatro horas, hasta llegar a un destino no previsto. “Tomamos mar abierto y llegué a donde no teníamos que llegar, escapándome de que me maten”, expresó, visiblemente preocupado por la situación de seguridad.
Petro aseguró que desde su llegada al poder, en agosto de 2022, existe un plan para asesinarlo, impulsado por una “nueva junta del narcotráfico”. Según denunció, en ese supuesto complot participarían narcotraficantes que operan desde el exterior y grupos guerrilleros, entre ellos la estructura comandada por Iván Mordisco, el criminal más buscado del país y líder de la mayor disidencia de las FARC que rechazó el acuerdo de paz de 2016.
En el departamento de Córdoba tiene fuerte presencia el Clan del Golfo, el mayor cártel narcotraficante de Colombia, que la semana pasada suspendió los diálogos de paz luego de que Petro acordara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificar la búsqueda de su jefe, alias “Chiquito Malo”.
El contexto de violencia política en Colombia no es nuevo. El país arrastra una larga historia de asesinatos de dirigentes de izquierda, incluidos candidatos presidenciales, en hechos vinculados a alianzas entre narcotraficantes, grupos paramilitares y sectores del Estado. En 2024, el propio Petro ya había denunciado otro intento de asesinato, que le impidió asistir al desfile militar del 20 de julio.
El secuestro de una senadora indígena
En paralelo a la denuncia presidencial, se conoció el secuestro de la senadora indígena Aída Quilcué, una dirigente cercana al oficialismo, ocurrido en el departamento del Cauca, una de las regiones más conflictivas y cocaleras del suroeste colombiano.
Quilcué, de 53 años, pertenece al pueblo indígena nasa, una comunidad fuertemente amenazada por grupos armados ilegales. Según se informó, la legisladora fue raptada mientras viajaba en una camioneta junto a dos escoltas, quienes también permanecen desaparecidos.
La guardia indígena llegó al lugar del hecho y encontró el vehículo sin ocupantes, mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que permanece el operativo. “Se continúa la búsqueda”, indicó el funcionario en redes sociales.
Ante el secuestro, Petro lanzó una advertencia contundente: “De no liberarla, es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país”. El presidente agregó que espera una resolución rápida del caso y sostuvo que, de no ocurrir, “han cruzado una línea roja”.
La senadora Aída Quilcué integra el movimiento oficialista Pacto Histórico, y su secuestro profundiza el clima de máxima tensión política y social que atraviesa Colombia en la antesala de un nuevo proceso electoral.