A pocos días para que se cumpla un mes desde que se encuentra retenida en Río de Janeiro, Brasil, acusada de realizar gestos racistas contra cuatro empleados de un restaurante, Agostína Páez (29) recibió en las últimas horas una nueva mala noticia: el Ministerio Público Fiscal de la ciudad carioca pidió su prisión preventiva a pesar de que está aislada en un departamento y con tobillera electrónica.
De acuerdo al comunicado difundido este martes por el MPRJ, la denuncia penal señala que Páez se encontraba con dos amigas en el establecimiento cuando, tras una discusión por el monto de la cuenta, insultó de manera ofensiva a uno de los mozos con expresiones vinculadas a su color de piel.
“Según la denuncia penal, la imputada llamó ‘negro’ a un empleado con la intención de discriminarlo y menospreciarlo”, precisa el organismo.
Páez, además, está acusada de haber llamado “mono” a la cajera del local gastronómico durante la fuerte discusión que mantuvo con los trabajadores. “Aun después de ser advertida por la víctima, la acusada se dirigió a la cajera del bar y la llamó ‘mono’, además de hacer gestos que simulaban al animal”, explica el comunicado oficial.
Según consigna el medio brasileño O Globo, el fiscal a cargo de la investigación consideró en su solicitud que las medidas adoptadas hasta el momento contra la acusada no son suficientes. “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente”, señala un extracto del documento citado por dicho portal de noticias.
Asimismo, el investigador sostiene en su solicitud para convertir la medida cautelar en prisión preventiva que la conducta de Páez refuerza la necesidad de su detención, ya que, según sus conclusiones, “incluso después de haber sido advertida por más de un funcionario de que su conducta constituía un delito en Brasil, la acusada persistió en los delitos raciales, extendiéndolos incluso a espacios públicos”.
Por último, el fiscal consideró que la actitud de la acusada demuestra que tiene “desprecio por las normas jurídicas y sociales, así como baja adhesión a las órdenes de alejamiento”.