El presidente de Chile, Gabriel Boric y el presidente de China, Xi Jinping, en mayo de 2025. En el encuentro abordaron diversas materias de cooperación estratégica, como cultura, ciencia antártica, transición energética, comercio y desarrollo sostenible.
Parlamentarios están preocupados por una iniciativa que podría alejar a Chile del mapa regional. A inicios de julio del año pasado, la Inchcape Shipping Services (ISS), una de las principales multinacionales de gestión portuaria y servicios marítimos del mundo, presentó a la empresa Puerto Valparaíso los avances que se han llevado a cabo en el proyecto Chile–China Express (CCE), iniciativa secundada por el gobierno de Gabriel Boric que busca unir mediante un cable submarino de fibra óptica la ciudad de Valparaíso con Hong Kong.
Con velocidades -supuestamente- de hasta 16 terabits por segundo, dicho proyecto significaría un “salto cualitativo“ ofreciendo mayor velocidad, fiabilidad y una reducción en los costos asociados a la transmisión de datos, posicionando a Chile como un hub digital en la red global de telecomunicaciones, de acuerdo a sus promotores.
En dicha reunión, Víctor Oelckers, gerente general de ISS, sostuvo que el Chile-China Express (CCE) es también fundamental para la autonomía digital de Chile, pues “hoy día los únicos cables que tenemos de fibra óptica submarina para conectarnos al mundo dependen de Estados Unidos. Esto permitiría ampliar la cobertura y disminuir el riesgo en caso de que le pasara cualquier cosa a esos cables”.
Por ello, “nos juntamos con la empresa Puerto Valparaíso primero para darles a conocer el proyecto, y segundo para obtener la experiencia que ellos tienen respecto a las pertinencias y las concesiones que se deben considerar para definir el mejor punto de aterrizaje o ”landing” del cable para conectarse con la red existente en tierra en Chile”, complementó Oelckers, según consignó el sitio especializado Portal Portuario.
Sin embargo, lo cierto es que el Chile–China Express (CCE) ha avanzado con bastante secretismo, a diferencia del Cable Humboldt, desarrollado también por el gobierno de Chile en conjunto con Google, la empresa estatal Desarrollo País y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la Polinesia Francesa.
El Humboldt, cuyo trazado conecta Valparaíso con Sidney pasando por Tahití, fue anunciado públicamente con cronograma -se espera esté operativo en 2027-, una inversión que va en un rango de USD 300 y 550 millones y socios claramente identificados.
En contraste, el Chile–China Express aparece en registros de la industria como una iniciativa “en progreso” a cargo de Inchcape/ISS, con escasa información disponible sobre su financiamiento, consorcio y términos contractuales, y ningún anuncio por parte del gobierno.
El problema radica en que el Chile–China Express no es un cable cualquiera, sino un proyecto que coloca a China en posición de controlar nodos de transmisión estratégica. En paralelo, desde 2017 China cuenta con una Ley de Ciberseguridad que obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia y establece requisitos de almacenamiento local, auditoría y transferencia de datos para operadores de infraestructura crítica.
A su vez, la Ley de Inteligencia Nacional exige la colaboración activa de cualquier empresa, dentro y fuera del país, con las actividades de inteligencia del Estado. En la práctica, esto significa que datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas pueden ser puestos a disposición de Pekín sin que los usuarios ni los Estados interconectados tengan forma de impedirlo.
En el caso de Chile, la vulnerabilidad no se limita a su territorio. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Ecuador podrían ver parte de su tráfico enrutado por el Chile–China Express, por lo que la naturaleza transnacional de los cables convierte a este proyecto en un asunto regional y no solo doméstico. En resumen, el control chino de la infraestructura digital en Chile podría comprometer la seguridad de datos de millones de latinoamericanos.
Debido a esto, parlamentarios de oposición chilenos alzaron la voz calificando el proyecto como “incómodo” y exigieron que el nuevo gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, lo “corrija con urgencia”, tal como lo manifestó el senador por la Región de Magallanes, Alejando Kusanovic, quien fue el primero en levantar las alarmas.