El lobby de Mendoza continuó ayer en la comisión de Economías y Desarrollo regional de Diputados de la Nación, presidida por el radical Ricardo Mansur, donde funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo de la provincia vecina y los integrantes de la dependencia parlamentaria se reunieron para debatir sobre la aplicación del decreto 699, que extendió el beneficio de la promoción industrial a San Juan, Catamarca, La Rioja y San Luis. En la Cámara baja se identificaron dos líneas de acción: por un lado, todos los legisladores mendocinos, sin distinción partidaria, abogan por la derogación del decreto, mientras que exponentes de la oposición Carlos Urlich (UCR/Chaco), Susana García (Coalición Cívica/Santa Fe), Roberto Mouillerón (Peronismo Federal bonaerense), Mario Barbieri (UCR Buenos Aires), María Cremer de Busti (Peronismo Federal/Entre Ríos), y los senadores Nito Artaza (UCR/ Corrientes), Gerardo Morales (UCR/Jujuy) y Alfredo Martínez (UCR/Santa Cruz), expresaron la necesidad de que sus jurisdicciones también sean reconocidas por algún tipo de exención impositiva.
El encuentro que superó los 35 invitados y al que se adhirieron dos diputados oficialistas externos a la comisión, el sanjuanino Daniel Tomas y el riojano Alberto Paredes de Urquiza, coincidieron en que se deberá sancionar una nueva ley superadora. No obstante, el modo en que esto se instrumente es lo que marca las diferencias entre cada legislador.
Mientras que las provincias beneficiadas por el 699 son tajantes respecto a su implementación, por lo que la única forma de que trabajen en una nueva legislación es respetando dicha norma, en el otro extremo Mendoza va por su derogación legislativa y las otras provincias aun no definen si decidirán dar batalla al 699 o propondrán una alternativa a tratar en el Parlamento.
El radical Enrique Thomas fue claro y contundente: "éste no es un decreto simple porque está disponiendo de recursos de los argentinos, recursos tributarios en cantidades muy importantes y por quince años, es un decreto delegado que en la redacción se ha enmascarado". Así respondió el mendocino a Tomas, quien antes había expresado que el 699 era un acto administrativo del Ejecutivo Nacional y una decisión política de una presidenta que vive mucho el interior, y que "el juez federal de San Rafael no tiene jurisdicción porque este decreto no le compete a la provincia de Mendoza, no es parte", según sus palabras.
El sanjuanino opinó "creo que son temas que apuntan a un desarrollo regional más que de alguna provincia, apuntamos a que siga esta promoción y a generar el debate para que surja una nueva ley superadora como dice el amigo Jaque". En la misma línea están el riojano Paredes y los representantes riojanos, catamarqueños y puntanos de ambas Cámaras.