El Gobierno nacional involucró ayer a la Corte Suprema de Justicia en el conflicto desatado en el Consejo de la Magistratura por la designación de un juez que debe resolver sobre la Ley de Medios, mientras desde la oposición se denunció la existencia de un “apriete” del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Según adelantó el ministro de Justicia, Julio Alak, el Gobierno presentará un requerimiento ante la Corte y una denuncia penal en la Procuración General de la Nación ante lo que consideró un “bloqueo injustificable” en la designación de jueces en la Cámara Nacional Civil y Comercial de la Capital Federal. Alak, informó que se reclamará al máximo tribunal que “resuelva esta irregularidad” y que declare “la nulidad del mecanismo rotatorio establecido para designar jueces suplentes o subrogantes”.
La nueva embestida del Gobierno se generó en el medio de las reuniones que las propias autoridades de la Corte habían motorizado con los tres jueces que integran el órgano encargado de elegir y destituir magistrados.
Si bien en un primer momento se había especulado con una reunión conjunta entre esos consejeros y las autoridades de la Corte, los jueces Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco recibieron primero al camarista Ricardo Recondo, acusado de demorar el nombramiento de magistrados por Alak, y luego a los dos jueces más cercanos al oficialismo, Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes. “Queremos que haya igualdad ante la ley y jueces regularmente nombrados”, planteó Alak.