El líder de la entidad que nuclea a los gremios judiciales del interior del país pasó por San Juan, donde encabezó un plenario y visitó al presidente de la Corte de Justicia, José Abel Soria Vega. Carlos Ordoñez dijo que muchos de los males que se viven en la Justicia sanjuanina son comunes a otras provincias y afirmó que el sistema está en deuda con casi toda la sociedad.
– ¿Por qué eligieron sesionar San Juan?
– Nuestros plenarios los hacemos en distintos puntos del país, pero esta vez una de las razones de elegir San Juan fue para fortalecer la lucha del Sindicato y para plantearle al presidente de la Corte cosas que son graves.
– ¿Qué le plantearon?
– Las inquietudes generales de la Federación y algunas particulares para San Juan. Venimos reclamando negociación colectiva, algo que parece obvio porque está Constitución Nacional. Sin embargo, somos unos de los pocos sectores que no tenemos paritaria nacional. Hay varias provincias que no tienen paritarias, entre ellas San Juan.
– ¿A qué lo atribuyen?
– Hay miedo a perder facultades que son propias de los trabajadores y que en este momento la están ejerciendo las patronales. Las Cortes de Justicia obligan al sector privado a cumplir eso que es tan elemental y ellos, en sus propios tribunales, no lo cumplen.
– ¿Qué les respondió Soria Vega?
– Que lo van a analizar.
– ¿Qué otra cosa le pidieron?
– Un sistema de porcentualidad salarial y una solución al déficit habitacional que sufren los trabajadores en sus lugares de trabajo y la sobrecarga laboral. Hay pocos trabajadores para la cantidad de causas y habitantes. Los procesos de reforma judicial tienen altísimo impacto presupuestario y disminuyen la calidad de vida de los trabajadores. Pero tienen bajo impacto en la mejora del derecho de justicia de cualquier ciudadano.
– ¿Qué parte de la reforma fracasó?
– Entendemos que fracasó desde la concepción, porque la reforma de 1994 fue para construir una Justicia que sirva a los intereses de los grupos inversores internacionales. No se concibió como una mejora para el ciudadano común. Nosotros decimos que la Justicia es una necesidad básica insatisfecha de más del 95 por ciento de la población. Que hay que reformarla, no cabe duda.
– ¿Cree que la Justicia es prioridad para el poder político?
– A mí criterio, no. El presupuesto que se le da a la Justicia está relacionado con el mayor o menor interés de los sectores económicos de imponer un modelo de Justicia. Lo primero que habría que preguntarse es si para los sectores dominantes, es una prioridad o no. Hasta los mismos organismos internacionales de crédito hablan del 6 al 9 por ciento del presupuesto provincial para la Justicia y en el 90 por ciento de la Argentina no existe presupuesto del 9 por ciento. A los grupos dominantes no les interesa que la Justicia sea prioridad.
– Ustedes piden cambios en la designación de jueces, ¿cómo debería ser?
– Tiene que haber participación ciudadana en el Consejo de la Magistratura. Además, para los jueces debe haber evaluaciones periódicas y caducidad de mandatos.
– En la Nación está la posibilidad de impugnar al candidato a juez propuesto por el Ejecutivo, ¿en las provincias se va tendiendo a esa participación ciudadana?
– Lo que hay es participación en audiencias previas a la designación, donde se pueden interpelar. Y en provincias como Santa Cruz, Chubut y Entre Ríos hay participación de trabajadores judiciales en el Consejo de la Magistratura.
– ¿Están conformes con la magistratura que tenemos?
– Tenemos una deuda muy grande. Tenemos jueces que vienen de la época de la dictadura y esa deuda hay que erradicarla.
– Aquí hay polémica desde hace años por las designaciones discrecionales, ¿en otras provincias pasa lo mismo?
– Sí, pasa. Es algo que hay que erradicar, forma parte de la democratización. En el Poder Judicial hay que erradicar el nepotismo, la gran familia judicial es el argumento que se utiliza poder acomodar parientes y amigos. En Mendoza le mandamos una carta pública al presidente cuestionando los ingresos, sobre todo, de altos funcionarios de la Corte. Lo que pasa en San Juan nos preocupa y mucho.
– ¿Sucede lo mismo con los ascensos?
– Sí. Nosotros exigimos escalafones en línea y públicos, donde las modificaciones de los escalafones puedan ser constatadas por el interesado, el gremio y por el ciudadano común, que tiene derecho a ver como se ingresa y como se asciende en el Poder Judicial.