"Como hombre de Derecho no puedo oponerme a una garantía constitucional", dijo hace más de una semana el abogado Javier Cámpora. Aludía a la eventual decisión, luego concretada, de liberar al ex comisario Alejandro Pereyra por haber pasado tres años preso sin un fallo en un caso resonante y polémico: la acusación que pesa contra el ex policía, por intentar matar a tiros y quemar al cliente de Cámpora, el empresario Hugo Naranjo, el 27 de mayo de 2006. Sin embargo ayer, Cámpora presentó en el tribunal que impuso una fianza personal de $300.000 como condición para liberar a Pereyra (Sala II de la Cámara Penal) un recurso de casación para que la Corte de Justicia revoque esa decisión. Según el letrado, mientras su pedido se resuelve, Pereyra debe seguir detenido, por su "peligrosidad" y porque, una vez en libertad, "puede fugarse".
"Si bien es cierto que Pereyra tiene una garantía constitucional, esa garantía esta sujeta a la ley que reglamenta su ejercicio. Y yo advierto que hay tener en cuenta que el plazo razonable de detención debe ser evaluado en cada caso y sus circunstancias, como la peligrosidad de esta persona, como que prácticamente cometió un delito que hasta puede calificarse de lesa humanidad, como la gravedad institucional del caso o que no se considerara su calidad de funcionario público (por su estado policial). O que puede entorpecer la búsqueda de la verdad en el juicio dándose a la fuga, porque imponerle una fianza personal de 300.000 pesos es sólo una promesa de pago", dijo ayer Cámpora.
Si bien desde la defensa de Pereyra se aseguró que tres familiares se ofrecerían ayer como fiadores para que saliera de prisión, ayer dijeron que hubo algunos inconvenientes pero que lo harán en las próximas horas porque la idea es que "llegue al juicio en libertad".