Santiago Graffigna es un conocido abogado que se especializó en expropiaciones y está señalado por la Fiscalía de Estado como el gestor de las maniobras que supuestamente le causaron un perjuicio millonario al erario público. Desde que se desató el escándalo, es el único que estuvo detenido y por el momento, el único que fue procesado por la Justicia.
En 2011, la jueza Inés Rosellot ordenó que fuera arrestado por una causa conexa a la principal (la megacausa), en la que se investiga si estafó a algunos de sus clientes. Graffigna permaneció oculto por 20 días, hasta que el 25 de abril se entregó en la Central de Policía acompañado por sus abogados y quedó detenido en los calabozos del edificio que está sobre calle Entre Ríos.
La magistrada lo indagó y lo procesó por los supuestos delitos de administración fraudulenta y coacción, al entender que se dejó dinero de sus clientes y que presionó a testigos para que no declaren en su contra. Y tras dos meses, el profesional recuperó su libertad.
Los abogados defensores de Graffigna apelaron el procesamiento y la Sala I dictó la nulidad del proceso, por considerar que la jueza y el fiscal Daniel Guillén cometieron errores graves. Finalmente, la Corte de Justicia revocó la resolución por ser “arbitraria” y “no apegada a las normas procesales” y el procesamiento recobró actualidad.
Aún cuando se lo concibe como el principal sospechoso, en Fiscalía de Estado concluyen que nada lo podría haber hecho sin ayuda y apuntan a jueces y empleados de la provincia que por acción u omisión colaboraron a inflar el valor de los inmuebles.