Frente al descontento de un sector de los abogados por los altos aportes jubilatorios que deben pagar mensualmente a la Caja de Previsión para los Profesionales de las Ciencias Jurídicas y los bajos beneficios que perciben, y que para colmo de males no tienen obra social, un grupo de letrados está trabajando en un anteproyecto de ley que propone la disolución y liquidación de la institución y que pasen a formar parte del sistema estatal que, entienden, es más beneficioso. Es el primer plan de este tipo porque una propuesta anterior, que ya está en la Legislatura (ver aparte), sólo sugiere que la afiliación sea voluntaria, y no compulsiva como es hasta ahora.

Por esta idea los letrados han armado la Agrupación de Abogados Independientes y sus caras visibles son Lilian Aracena, María Mabel Ríos y Renzo Quero. La idea que plantean es la disolución y liquidación lisa y llana de la caja que administra sus aportes. Entre otros argumentos explicaron que “padecemos un sistema abusivo, persecutorio y expulsivo que no nos otorga obra social, atentando directamente contra la dignidad de nuestra persona”. Y agregaron que “las magras jubilaciones hacen que los profesionales que ejercen exclusivamente la profesión no se jubilen y litiguen hasta una edad muy avanzada, por cuanto la percepción de un ingreso no les alcanzaría para cubrir sus necesidades básicas”.

Como dato ilustrativo mencionaron que un abogado debe pagar entre 900 y 1.200 pesos de cuota mensual para obtener una jubilación que oscila entre los 1.300 y 2.900, sin obra social, cuando el sistema público está otorgando un beneficio mínimo de 4.959 pesos, con cobertura social, aumentos anuales programados, moratorias y sin que la Anses salga a ejecutar a los afiliados por la falta del pago del aporte.

En la actualidad, según dieron a conocer los profesionales, la caja tiene unos 2.000 afiliados, pero sólo unos 500 están al día mientras que los otros 1.500 son morosos y por eso muchos han sido ejecutados y parte de sus bienes embargados.

El anteproyecto de ley en el que están trabajando y que lo quieren presentar la próxima semana por mesa de entradas de las Legislatura propone que la liquidación de la caja esté a cargo de una comisión liquidadora integrada por 6 titulares y 3 suplentes elegidos en una asamblea extraordinaria a la que deberá convocar el Foro de Abogados, sin discriminar a los que estén atrasados en el pago de la matrícula. En la comisión habrá representantes del directorio de la institución, abogados en actividad y un diputado provincial, perteneciente a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Entre otras tareas, la comisión liquidadora deberá analizar caso por caso la situación de los 2.000 afiliados y transferir a la Anses los fondos aportados, para que sean imputados a la cantidad de años que resulte, considerando la contribución que establece el sistema público. Además, la caja deberá suspender las ejecuciones.

Como en la práctica es necesario que para que el anteproyecto pueda ingresar formalmente en estudio lo deba tomar un diputado, los integrantes de la agrupación han consultado a Carlos Munisaga (Convicción Federal), quien dijo que evalúa plantearlo.