Toda medida destinada a proteger a los menores en momentos en que están a cargo de personal docente, tutores, y en instituciones de distinto carácter a fin de evitar riesgos potenciales, es bienvenida para salvaguardar la salud y evitar situaciones traumáticas que marcan de por vida a una persona en la edad crítica de su formación.
Por ello la ley que que obliga a todas las personas que trabajan con niños a presentar un certificado psicológico ha tenido amplia acogida en San Juan, luego de ser sancionada el jueves último con amplio consenso en la Legislatura provincial. En particular la norma encontró amplio respaldo en la actividad docente, entidades deportivas e institutos que se encargan de preparar a los chicos en variadas disciplinas deportivas. La iniciativa apunta a proteger a niños, adolescentes y personas con discapacidad de posibles ataques sexuales y otros actos violentos que sorprenden cuando los hechos se descubren porque sus autores merecían confianza de padres y directivos. Luego, las investigaciones dirían lo contrario al comprobarse las perversiones que escondían esas personalidades aparentemente insospechables.
Una vez que se reglamente la nueva norma, será exigido un certificado que acredite la aptitud psíquica del individuo que se desempeña frente a menores, donde conste el perfil de su personalidad, de manera que sirva para detectar rasgos incompatibles con el trabajo. Por ejemplo si hay perversión, o adicción a las drogas, tanto para el personal que ingresa a la actividad como para aquel que se encuentra trabajando. La transgresión prevé multas, clausuras e inhabilitaciones para los empleadores si se comprueban irregularidades.