El decreto provincial 499 trajo alivio a las empresas constructoras locales que prestan servicio al Estado en la construcción de obras públicas, ya que permitirá desde ahora actualizar los presupuestos de todas las edificaciones que se iniciaron o que se encararán en el 2014.

Además, y una vez en marcha, podrán ser redeterminados los costos cuando reflejen una variación promedio de los precios superior a un 2 por ciento en el denominado ‘Coeficiente de Variación de Referencia’ (CVR). Este último punto es clave para la ecuación económica de las empresas, de acuerdo a que antes los valores debían traspasar el 10 por ciento para ajustar el precio de cada obra. En tanto que las que registren avance al mes de enero del corriente año o meses subsiguientes se redeterminarán a partir del primer mes del año, no antes.

La queja de los empresarios saltó por última vez a la luz tras la devaluación de finales de enero que por ejemplo mermó el ritmo de algunas obras en el mes de marzo (entre las que sobresalieron la construcción o ampliación de escuelas, obras viales y de saneamiento -cloacas, agua-, líneas de media tensión eléctrica y hasta algunas emblemáticas, como la del teatro), algo que luego se revirtió porque el Gobierno le dio forma a esta nueva normativa que -a decir de las partes- se ajusta más a los tiempos que se viven en materia inflacionaria. Incluso quedó reflejado en el texto del decreto: ‘’…se considera conveniente determinar una serie de medidas que permitan una redeterminación más ágil de los contratos de las obras, reconociendo situaciones no previstas al comienzo de la contratación; todo a los efectos de fortalecer a partir de enero de 2014 el desarrollo de las obras’’.

La delegación sanjuanina de la Cámara Argentina de la Construcción había pedido desde la primera reunión que se mantuvo en las oficinas del Ministerio de Infraestructura, allá por el 31 de enero, que se discuta la redeterminación de costos y sugirieron la elaboración de una fórmula polinómica propia, ‘’bien sanjuanina’’, para ser aplicada en el reajuste de precios de los contrato, algo que el Gobierno local desechó pero como optó por una ecuación que ya tenían las obras del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y había dado buenos resultados, terminó ‘’cerrando’’ para los hombres de negocio.

‘’Creo que da certidumbre a las obras públicas y a las empresas esta redeterminación de precios, de otra manera se iban a resentir y la estructura financiera de cada contratista iba a deteriorarse. Hay que reconocer la voluntad del Gobierno por solucionar un tema que nos tenía preocupados’’, comentó el empresario Jorge Valdivieso, quien es miembro de la CAC.

La normativa, para actualizar los valores cada vez que supere el 2%, tendrá en cuenta los índices oficiales que suministra el Indec, y un puñado de ítems locales: se trata de la mano de obra, que aquí es más cara por el tipo de construcciones que se hacen por ser San Juan una zona sísmica; los áridos y también el ladrillón. También quedó sentado que todas las obras públicas, ya sea a iniciar o en ejecución a enero y meses subsiguientes, las sumas fijas no remunerativas adicionadas al valor del costo de la mano de obra serán reconocidas en el precio a pagar a los contratistas a partir de enero. Para ello, se dividirá la suma fija en 176 horas y se la sumará al valor de la hora, según el organismo oficial local Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), en el período analizado y se procederá a calcular el correspondiente Coeficiente de Variación de Referencia. La liquidación del período en cuestión se resolverá multiplicando los montos mensuales certificados por el valor de la variación correspondiente a los no remunerativos en la proporción que se establece para la mano de obra.