Un acuerdo que busca una "seguridad democrática", que se opone al concepto de "mano dura", fue presentado ayer en la Cámara de Diputados por legisladores de fuerzas opositoras, del oficialismo, referentes sociales, sindicales y académicos.
La iniciativa fue firmada por el radicalismo y el kirchnerismo y contó con el apoyo de la CGT y la CTA, entre otras organizaciones políticas y sociales. El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, explicó que el problema de la seguridad "se ha agravado con políticas fallidas e ineficaces" y destacó que la democracia tiene un "déficit" en el abordaje de esa problemática.
Según contó a DIARIO DE CUYO el diputado Ruperto Godoy, los legisladores sanjuaninos suscriben al espíritu del acuerdo ya que "contiene un abordaje integral del tema para ser aplicado a mediano y largo plazo".
"Se trata de una iniciativa que contempla todas las situaciones que hacen a la seguridad como la inclusión social, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Si hay una o dos generaciones de chicos que nunca vieron estudiar o trabajar a sus padres, difícilmente adquirieron la cultura del trabajo. Hay que trabajar para que ese chico que siente que su vida no vale nada, menos la de los demás, recupere su autoestima", explicó Godoy.
La presentación del documento, salvo los diputados del PRO, contó con la presencia de representantes de los principales bloques políticos y de expresiones minoritarias de tendencia progresista.
Además, el documento fue respaldado por los secretarios general de la CGT, Hugo Moyano; y de la CTA, Hugo Yasky.
El denominado "Acuerdo para una política de seguridad democrática" apunta a "sentar los principios básicos para la construcción de una política de Estado que dé respuesta a las legítimas demandas de la sociedad". Los firmantes aseguraron en el documento su "preocupación por la reiteración de medidas autoritarias e ineficientes frente al delito y por la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público".
Verbitsky destacó la presencia de reconocidos referentes de la vida pública en la conferencia de prensa para apoyar un decálogo para afrontar el problema de la seguridad para zafar de la demagogia punitiva que, dijo, "elude encarar las cuestiones de fondo de la criminalidad".
"Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática", se advirtió en el documento. Sostiene, en cambio, que una política de Estado basada en principios democráticos "requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado".
El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, a través de un comunicado, ratificó que "la primera obligación de la política respecto al problema de la seguridad ciudadana es hacerse cargo".
Destacó que "el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar la prevención y represión del delito cuyos principales perjudiciales son los que menos tienen".
La iniciativa aboga, entre otras cuestiones, por "reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de redes de delito y de los mercados ilegales".
Aunque nació para indicar el camino a seguir en materia de seguridad, Ruperto Godoy no descartó que se traduzca en proyectos para ser debatidos en el Congreso, aunque personalmente consideró prudente no apresurarse.