En la segunda jornada de las declaraciones indagatorias dispuestas por la jueza María Inés Rosellot, en el marco de la megacausa de las expropiaciones, Eduardo Olivera, exmiembro del Tribunal de Tasaciones, fue el primero en dar su testimonio. Pero sus dichos dejaron más dudas que certezas, según dijeron fuentes calificadas de la causa.
Según las fuentes, lo que no habría podido explicar es por qué el Tribunal fijaba valores más altos en los juicios de expropiación de tierras del dique Cuesta del Viento que llevaba Graffigna. Tampoco respondió por qué los técnicos del organismo no pedían las actas de posesión de los terrenos. Sin esas actas, la tasación se hacía a valores actuales, con lo cual los montos a pagar eran sensiblemente superiores.
El primero en asistir ayer al interrogatorio de la magistrada fue Julio Fernández, exmiembro del Tribunal, quien dijo que “yo siempre voté por el valor más bajo”. Fue con referencia a las sumas que fijaba el organismo sobre los terrenos sujetos a expropiación porque la sospecha es que los integrantes del Tribunal fijaban montos superiores en aquellos expedientes que iniciaba el abogado Santiago Graffigna.
El letrado es uno de los 11 acusados que fueron detenidos el viernes por orden de la magistrada y que ahora están siendo convocados a Tribunales para que respondan sobre los delitos que se les imputan.
De los dos acusados citados, Fernández, representado por la abogada Sandra Leveque, se abstuvo de declarar, mientras que Eduardo Olivera, el otro exfuncionario citado, con asesoramiento del letrado Alberto Marcelo Bustos, si dio su testimonio.
Ninguno de los dos profesionales integraba en forma permanente el Tribunal. Pero, por su participación en la valuación de los terrenos cuestionados, la jueza de la causa les imputa los delitos de participación en una asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según fuentes judiciales, Fernández, que no quiso responder a las preguntas de la magistrada, pero que sí habló con los periodistas y ratificó su inocencia, se remitió a sus declaraciones informativas dadas con anterioridad.
La defensa pidió su detención domiciliaria porque padece problemas de columna vertebral y lumbalgia. Y anoche la jueza se la concedió.
En el caso de Olivera, quien ya tiene concedida la prisión domiciliaria, también ratificó lo que dijo en oportunidad de prestar declaración informativa.
La serie de indagatorias comenzó el lunes con el exfiscal de Estado Mario Díaz, y con Adolfo Cravero, exmiembro del Tribunal, pero ambos se abstuvieron de declarar.
Para hoy seguirán José Moreno y Pedro Bazzani, 2 exintegrantes permanentes de ese organismo. Y mañana la jueza indagará al expresidente del Tribunal, Joaquín Fernández, y al empleado de Recursos Energéticos, Néstor Ruiz. Resta por definir la situación del abogado Horacio Alday (ver aparte).