Seis de los 19 acusados de integrar una red de trata de personas con fines sexuales que había captado a 61 mujeres y que fue desbaratada en abril de 2012, declararon ayer que los municipios, la Policía, Salud Pública, AFIP y los juzgados de Paz y de Faltas conocían lo que ocurría en los 3 prostíbulos que ellos poseían o regenteaban.
Además, aseguraron en su declaración que no retuvieron a las víctimas porque estaban allí por su propia voluntad, informaron fuentes judiciales.
Quienes declararon fueron los dueños de los prostíbulos: Irma Castro ("La Bóveda", Jáchal), Sergio "Cordobés" Arredondo ("Frassé", Caucete) y Adriana Pereyra ("La Luz Verde", Capital) y sus presuntos encargados, el colombiano Carlos Cáceres Montilla, Carlos Carvajal y Patricia Pereyra.
Salvo Cáceres Montilla, quien dijo desconocer la actividad que se realizaba dentro del local de su pareja Castro, los otros 5 fueron coincidentes en que al momento de poner sus whiskerías realizaron todos los trámites requeridos por los municipios; que bomberos y personal de Leyes Especiales de la Policía también los habían habilitado y que contaban con efectivos de Adicionales o de las comisarías jurisdiccionales para cuidar el orden en el interior y exterior de los locales.
Incluso -dijeron- tenían controles regulares de estos organismos y hasta charlas de Salud Pública. Y que cuando los clausuraban, pagaban las multas en los juzgados correspondientes y que volvían a abrir sin problemas porque "nunca nadie les dijo que era ilícita esa actividad".
Seguinos ahora también en Instagram:
