En las esferas de Gobierno local consideran -al igual que ocurrió con la sanción de una ley provincial de protección de glaciares- que sería “conveniente´´ que cuanto antes se tenga una legislación propia que regule los diques de cola. ¿El apuro? Adelantarse a una normativa nacional que pueda prohibirlos y así poner en jaque algunos proyectos mineros.