Susana Trimarco esperaba ansiosa, el martes último, el momento de estar cara a cara con los 13 acusados del secuestro, sometimiento y desaparición de su hija. Aguardó con paciencia casi diez años para decir su verdad: probar que las mafias que organizan las redes de trata de personas tienen vínculos con el poder.

El secuestro de Marita Verón, ocurrió el 3 de abril de 2002 en plena calle, en San Miguel de Tucumán. Se supo que después fue trasladada a prostíbulos ubicados en La Rioja y en otras provincias, donde fue explotada sexualmente. Al primer burdel fue vendida en 2.500 pesos. Casi todos los imputados son proxenetas confesos: La madre de María de los Angeles Verón, sabe de lo que habla. Durante su lucha incesante para buscar a su hija simuló ser una prostituta y conoció por dentro a las mafias, y no tuvo miedo ni se calló. Por su lucha y su entereza, el drama de la trata de personas y la explotación pasó a ser una cuestión de Estado. Trimarco logró colocar este flagelo en la agenda pública.

El gobierno de Estados Unidos la premió en 2007 como "Madre Coraje”, por haberse puesto al frente de la lucha contra las redes de trata. En esa búsqueda, a pesar de las pistas falsas y amenazas de muerte, descubrió evidencias de redes de trata que operan en las provincias de La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, y ha logrado rescatar a más de un centenar de víctimas.

Mientras en el exterior fue premiada, ahora en su país acaba de ser humillada nuevamente al recibir un duro golpe por parte de una Justicia que pareciera dar la espalda a quien lucha para que se descubra y conozca la verdad. Lo expresado en la sentencia del tribunal de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán que decidió absolver a los 13 imputados: un policía y a doce encargados de prostíbulos y remiserías de La Rioja y Tucumán, resulta vergonzoso.

Tal vez haya pocos delitos de tan dolorosas y devastadoras consecuencias como el de la desaparición de niñas, adolescentes y jóvenes secuestradas para forzarlas a integrar redes de prostitución. Al mismo tiempo, pocos delitos hay en la Argentina que encuentren, como éste, tan escasa voluntad por parte de las autoridades para su eficaz combate, más allá de lo meramente declamativo y de medidas que, al carecer del genuino apoyo de parte de la Justicia federal y algunas fuerzas policiales, se vuelven inútiles, pues hablamos de un delito aberrante que pertenece al crimen organizado.