En las últimas dos décadas los olivos en la provincia multiplicaron su superficie -es el segundo cultivo, tras la vid- y, de la mano, el sector avanzó en mejores variedades para ganar en calidad y rindes, sin embargo no se dio un solo paso en darle forma legal al vínculo laboral entre los cosechadores y los empresarios. En este sentido, San Juan busca hacer punta entre las provincias olivícolas -Catamarca, La Rioja y Mendoza- y para ello está diagramando, junto con el gremio UATRE, la Secretaría de Seguridad Social de la Nación y la cámara empresaria del sector, un Convenio de Corresponsabilidad Gremial para el blanqueo de casi 5.000 obreros que, entre abril y julio de cada año, levantan este fruto de las casi 16.000 hectáreas productivas que existen en la geografía local. La aspiración oficial apunta a ponerlo en marcha a partir de la próxima campaña.
San Juan ya tiene vigente el acuerdo para el sector vitivinícola y se encuentra en stand by el que corresponde al sector frutihortícola (ver recuadro).
Ayer en la reunión que mantuvieron los ministros de Gobierno y Producción, Adrián Cuevas y Marcelo Alós, respectivamente, con los representantes de la Cámara Olivícola, empezaron a delinear el convenio. La ventaja de este régimen para los empleadores radica en que pagan las cargas patronales de un empleado rural a través de una tarifa sustitutiva al momento de cobrar por su producción, y hasta está la chance de hacerlo en cuotas. Está en estudio si esa tarifa va a estar atada a las hectáreas o al volumen de producción, de la misma forma que se contemplará si la finca recoge la aceituna de manera mecánica, algo bastante común en esta actividad. En tanto que, una vez firmado, los trabajadores adhieren automáticamente al sistema nacional de seguridad social -obra social, jubilación, pensión, asignaciones familiares, ART y seguro por desempleo- y no pierden sus asignaciones universales el tiempo que dure su alta laboral, uno de los temores que tienen habitualmente los cosechadores temporarios.
‘’Es un sistema que permite legalizar la actividad de cosecha y no exponer al empleador ante los organismos de control pagando un valor diferencial razonable. Sabemos que no es la panacea pero entendemos que debemos avanzar rápidamente en este tema y, por ahora, notamos buena voluntad de todas las partes’’, comentó Alós.