La complicada situación económica del país, con una notable reducción de los recursos que maneja el Estado están determinando la necesidad de un ajuste dentro de la política de subsidios que se otorgan en diferentes ámbitos. El gobierno nacional ha admitido que tiene este tema en estudio, aunque todavía no ha definido el momento de su aplicación, al estar consciente de que una quita de subsidios en determinados servicios tendrá un alto impacto en distintos sectores de la población.
No caven dudas que la reducción de subsidios en las tarifas de luz, agua y gas, como en el transporte es una medida que tarde o temprano deberá aplicarse, en busca de equilibrar las finanzas del Estado, ya que se ha revelado que durante el último año los montos de subsidios en las áreas de energía y transporte alcanzaron los 100.000 millones de pesos.
Para evitar que este ajuste impacte en los sectores más necesitados de la comunidad, sería conveniente que se comience a delinear una estrategia a mediano o largo plazo que vaya, paulatinamente, dejando sin efecto los subsidios hasta lograr que cada actividad o servicio no necesite de esta apoyatura que finalmente termina distorsionando la economía.
Hubo algunos intentos de ir eliminando gradualmente los subsidios a través de la renuncia voluntaria del beneficio; el retiro en escala, comenzando por los barrios y estratos sociales más pudientes; o la convocatoria de intendentes para que colaboren en la individualización de los sectores por los que se podía comenzar con la reducción sin afectar a toda la trama social. Pero ninguna de estas propuestas prosperó y ahora el gobierno se encuentra ante la encrucijada de no saber cuándo ni cómo aplicar un recorte de esta naturaleza.