Ahora que en San Juan comenzaron a prosperar concursos preventivos de quiebra de empleados públicos que no pueden pagar las deudas con tarjetas de crédito provinciales, desde la Justicia salieron a alertar sobre las consecuencias por verse tentado a acudir a esta modalidad que la ley permite a las personas comunes, y no sólo a las empresas: el juez comercial Javier Vázquez advirtió ayer que las personas que piden la quiebra sin tener bienes activos para hacer frente a los gastos de costas judiciales, sellados y demás, corren el riesgo de tener que hacer frente luego a un juicio penal por quiebra fraudulenta. “Que no le queden dudas de que si se debe clausurar la quiebra por falta de activos, el juez va a remitir el caso a la Justicia Penal, porque encuadra en la figura penal de defraudación”, dijo Vázquez. “Normalmente, cuando las personas individuales piden el concurso preventivo no consiguen la conformidad en la Justicia, entonces derivan en una quiebra solicitada. Entonces lo que sucede es que pasa un año con el embargo del 20% de su sueldo, y después se pide la rehabilitación, conforme dice la ley y se levanta la quiebra, que finaliza sin haber cancelado el monto a los acreedores. En ese momento, cuando la quiebra se clausura porque la persona no tiene activos como juez tengo la obligación de remitir las actuaciones a la Justicia Penal para que investigue si eso no es una quiebra fraudulenta”, explicó. De esta manera, el individuo insolvente no sólo queda fuera del sistema crediticio -y no le darán créditos, tarjetas, etc- sino que cargará sobre sus espaldas con una denuncia penal que lo puede afectar en varias aristas. Incluso puede afectarle en su empleo, aunque en la administración pública de San Juan no existe una ley precisa que lo indique como en otras provincias. “Sería bueno que las personas interesadas se asesoren con toda la honestidad que se requiere. No dejo de reconocer que puede ser una solución, pero hay que tomarla con cierto recaudo”, dijo el juez.
