Masticaban bronca. Al calor de una certeza: cómo es que acá damos la cara por ellos y nos puentean de semejante forma.
No fue novedad para el Gobierno provincial el descubrimiento de camiones repletos de obsequios presidenciales para cientos de sanjuaninos que los pidieron por carta, porque lo vienen haciendo desde hace tiempo. Siete años, precisamente.
Pero sí fue un nuevo gesto de desaire hacia el funcionariado provincial, con el que asombrosamente su homónimo nacional manejado por Alicia Kirchner se lleva pésimamente mal a pesar de que reverencien los mismos emblemas: la foto de Cristina colgada en los despachos.
Y de tanto percutir, el agua traspasa la piedra. A los que manejan la acción social provincial se les acabó la paciencia hace unos días, cuando tomaron nota de la llegada del cargamento, uno más, que pasa sin registrar la sociedad política entre el Gobierno nacional y el provincial.
Entonces, estallaron de furia. Hubo cierto guiño desde bien arriba del Gobierno provincial de no dejar pasar el hecho sin al menos mostrar un hilito de sangre. Por eso los policías camineros que frenaron a los camiones de Alicia ejercieron eficientemente ese carácter que ponen cuando quieren. Pidieron papeles, revisaron la mercadería, insistieron en preguntar una y otra vez quién es el que la manda y finalmente los dejaron en la banquina una cuantas horas. Al operativo fue hasta el propio jefe de Policía, un gesto nada habitual. Había una señal para frenarlos y hacerlos sentir fuera de juego: no con la documentación de la carga sino con el respeto de territorialidad política, que creen que los Kirchner no contemplan.
También participó de la operación el ministro Daniel Molina, el que más se siente ninguneado por el continuo goteo de herramientas, muebles y elementos de todo tipo que llegan en camiones a la provincia desde la Presidencia de la Nación a nombre exclusivo de los K. Tan voluminoso desde siempre que han creado un Ministerio de Desarrollo Social paralelo, no manejado por algún funcionario provincial sino por una delegada de la ministra Alicia Kirchner, Elsa Poblete, a donde acuden con el brazo extendido y las palmas al cielo intendentes, piqueteros y dirigentes de todo tipo.
De ese modo, en San Juan sienten que sus propios mecanismos pierden eficiencia. Primero, porque no son los únicos, y segundo porque se les niega la posibilidad de capitalizar políticamente la llegada de recursos nacionales.
Algo así como un desplante hacia los que responden por los K en San Juan, también desde la vereda política. Razón suficiente como para que Molina maldiga a Alicia -su espejo nacional- como acto reflejo. Y para que haya sido el primero en quejarse con estos camiones de la discordia.
En el cargamento secuestrado el miércoles 12 había, según fuentes cercanas al ministerio nacional, varias carpinterías completas. La mayoría de ellas ya habían sido bajadas en casas particulares del Gran San Juan y las otras estaban en eso, hacia la zona de Pocito.
Es verdad que no es un operativo reciente sino de toda la vida, inscripto en el ADN del kirchnerismo desde que éste existe. Todos los meses, una carga. Más grande, más chica, de acuerdo a la andanada de cartas de solicitud que reciban.
Esas cartas llegan a manos presidenciales y en las visitas que Cristina o Néstor realizan a la provincia. Luego, un grupo de especialistas se encarga de chequear los pedidos, separar los inaccesibles de los posibles y salir al terreno para comprobar que las necesidades que la gente argumenta por vía epistolar se verifique en los hechos.
Lo que sospechan en la provincia es que en este circuito, aparentemente cristalino, se cuelan los intereses de algunos dirigentes que señalan con su dedo a beneficiarios con interés político. Y que son dirigentes no precisamente incluidos en el oficialismo provincial los que acercan esos víveres. Como algunos piqueteros o funcionarios nacionales que no comulgan con el giojismo y consiguen operar en la provincia por este puente camionero.
Entonces, lo que aparece en juego es la territorialidad. El reconocimiento nacional de que la autoridad política en la provincia la ejerce el Gobierno local y que en consecuencia estos operativos los incluyen y no permiten filtraciones. No la propiedad de nada porque en esto no hay dueños. Sí el buen gesto de entender que no es posible operar a espaldas de un socio político. En San Juan sienten que eso es lo que ocurre.
Y no se trata de una maquinaria de pocas dimensiones, precisamente, este ministerio paralelo que la gente de Alicia opera en una provincia donde -justo es señalar- la maravilla (relativa, por supuesto, en comparación a años anteriores) tiene una alta dosis de responsabilidad nacional.
Y una cosa parece consecuencia de la otra: concientes del respaldo financiero y político a la provincia, la Nación parece sentir el camino libre para cualquier cosa. Esos modales son los que suelen generarle interferencias a los Kirchner en lugares donde no las debería tener: aportan, asisten, pero igual no los valoran en proporción.
Además de los camiones con carpinterías completas para gente que necesita el elemento de trabajo, también bajan de los camiones panaderías completas con sus instalaciones, equipos para otros oficios, plantas potabilizadoras de agua como una que está llegando para Mogna, todos los CIC en los municipios -desde el colonial de San Martín hasta los de Rawson- y siguen las firmas. De esa manera, intendentes y funcionarios hacen cola en las oficinas locales de Alicia.
Lo curioso es que, siendo un fin tan noble como brindar ayuda a la gente, se ejecute el plan bajo una línea persecutoria implacable para hacerla bajo cuerda, sin que nadie se entere.
Hay varias razones para eso. Primero, cierto aroma a discrecionalidad en el reparto, entre oficialistas y opositores que deben pasar un filtro político. Aunque no es San Juan un lugar para contrastarlo: todos los intendentes son oficialistas.
Otra razón es la interpretación de los Kirchner de la palabra clientelismo. Consideran que la comunicación y la foto de los beneficiarios con los objetos llegados desde una conducción política -en este caso nacional- es un elemento determinante para que esa manipulación clientelar se concrete. Es decir, si no hay foto no hay clientelismo.
Pero también hay cierto forcejeo por el protagonismo. La orden impartida desde arriba es concretar los operativos de entrega sin comunicar a los caciques territoriales -ni gobernadores, ni intendentes- para que éstos no caigan a capitalizar políticamente la entrega.
No quieren que nadie interfiera la línea directa entre el beneficiario y la Presidenta. Ni siquiera alguien de los que portan firme la insignia K y que lo hicieron en los momentos en que llevarla era lo mismo que ofrecerse desnudo a los leones. Nada.
Y sacan gente a la calle a chequear si los que mandan cartas avalan en los hechos lo que piden, o se trata de usinas de confección de cartas a medida, de las que han localizado varias. Para eso, acaban de acordar un trabajo con la universidad.
Si uno pregunta por qué lo hacen así, la respuesta es tajante: así son ellos.