En una república democrática, la información es de los ciudadanos, no de los Estados. Así de simple es la premisa que en nuestro país distorsionan a veces, tanto los gobernantes como los parlamentarios. La falta de transparencia de sus actos públicos se ha ido acentuando con el tiempo.

Desde hace años, el Congreso de nuestro país figura último en el ranking de transparencia en la región, según la medición de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, grupo de organizaciones de la sociedad civil que promueve, entre otras cuestiones, el acceso a la información y la responsabilidad en los congresos.

El Senado de la Nación cuenta con 2.000 empleados más desde que Amado Boudou maneja esa Cámara. En mayo último la lista superaba los 5.700, entre contratados, personal de planta permanente y transitoria. A esto se suma el escandaloso número de personas que dependen de los senadores, por ejemplo, Eugenio "Nito” Artaza (Corrientes-UCR) y Luis Naidenoff (Formosa-UCR), con 50 contratados cada uno, son los legisladores con mayor cantidad de personal. El número es la suma de los empleados "contratados” (monotributistas), planta permanente y transitoria.

Algo similar sucede con Ruperto Godoy (FPV-San Juan), el senador oficialista con más contratos: en total 36. En el último puesto del ranking, aparece la senadora Norma Morandini (Alianza Frente Cívico-Córdoba) con siete empleados afectados a su despacho. En el caso de los senadores, puede decirse que no sólo viven de sus dietas, de por sí abultadas, sino también de jugosos sobresueldos que obtienen de canjear por dinero en efectivo los pasajes aéreos y terrestres que les otorga la Cámara alta para sus traslados.

De ello da cuenta un informe de Poder Ciudadano: en el trabajo advierte que la mitad de los 72 legisladores que integraron el Senado hasta diciembre de 2013 canjeó por dinero en efectivo entre el 75% y el 100% de sus respectivos pasajes aéreos y terrestres durante todo 2012 y el primer semestre del año pasado. A todos estos privilegios se debe aplicar un descuento de casi un 30% en concepto del impuesto a las ganancias.

Los Congresos están obligados a transparentar sus actos, pero también los ciudadanos deben exigirles ese cumplimiento para evitar que sigan funcionando como entes oscuros y abusivos de sus derechos. Si no se propendiese a ello, el creciente malestar y distanciamiento de los representados respecto de sus parlamentarios se irá profundizando cada vez más y, con ello, el riesgo para la salud de los sistemas democráticos.