San Juan, 19 de octubre.- El intendente de Rivadavia, Elías Álvarez, dialogó con Radio Colón y defendió a dos funcionarios de su municipio acusados de interferir en una medida dictada por la jueza de Faltas del departamento. Además criticó duramente a la magistrada.
La denuncia realizada por la jueza de Faltas de Rivadavia, Gladys Abelín, dejó a dos funcionarios del riñón de Elías Álvarez en la mira de la justicia. Se trata del presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, Ramón Molina, y el secretario General del municipio, Roberto Correa, quienes son acusados de interferir en el cumplimiento de una medida de clausura contra una conocida parrillada.
“La jueza se cree el tercer poder político del departamento, cuando es una funcionaria dependiente del poder ejecutivo. Durante mis cuatro años de gestión hemos discutido con la señora sobre cual es su lugar en el ejecutivo. Cree que es el poder ejecutivo de Rivadavia y es un equívoco total”, relató Álvarez.
“Creo que en algún momento hay que ordenar el funcionamiento del juzgado de Faltas porque hay un criterio equivocado de esta mujer sobre el lugar que ocupa. Ella es una funcionaria dependiente del ejecutivo municipal”, remarcó el funcionario.
“Desde nuestro punto de vista no existe irregularidad alguna. Hay normas pedidas por la provincia que dificultan que alguien pueda abrir un negocio, por eso nosotros dispusimos hacer actas y marcarle a los propietarios sus faltas para que se pongan en regla. Acompañamos en el proceso a todo el que muestra la voluntad de ponerse en regla”, explicó el jefe comunal.
Gracias a este proceder del municipio Correa y Molina firmaron un acta en la que dejan en suspenso la clausura, dispuesta por la jueza, por el término de 6 meses, plazo en el que debe tramitar la habilitación municipal. “La obra que tenían que hacer en el lugar es muy costosa, pero tenían la voluntad de solucionarlo. Por eso les dimos tiempo para que el edificio cuente con las características sismo resistentes exigidas”, dijo Álvarez.