“Llegado el momento, si no queda otra, lo vamos a hacer”, dijo una fuente del gobierno giojista. Con el objetivo de frenar el paro que el Sindicato Médico anunció para estos días en el servicio de ambulancias del Estado, la estrategia que baraja desplegar el Gobierno es presentar un amparo en la Justicia. Si bien la huelga es para reclamarle mejores condiciones laborales a la empresa concesionaria, la población se vería directamente afectada y, por eso, la provincia se siente legitimada para llevar el conflicto a los tribunales ordinarios. Antes, las autoridades apuestan a que prospere la conciliación voluntaria que se convocó para acercar a las partes.
El paro que anunció el aguerrido gremio de los médicos va desde el 2 al 8 de julio, es decir una semana entera. Desde el miércoles hasta el próximo lunes, los profesionales se subirían a las ambulancias para atender sólo los casos donde hay peligro de vida, como ACV, infartos y accidentes con consecuencias graves, mientras que las consultas domiciliarias, los traumatismos leves y hasta fracturas que no impliquen mayores consecuencias no serían cubiertas. Lo peor podría pasar el martes de la semana entrante, ya que el plan para ese día es un cese total de actividades.
Por ahora, el conflicto es entre el sindicato que lidera Daniel Sanna y la empresa Buenos Aires Call SA (antes, de la sociedad formaba parte la conocida SIFEME), que es la firma contratada por el Estado para prestar el servicio de ambulancias a los sanjuaninos. Las dos partes fueron citadas para hoy por el organismo laboral, con el objetivo de que se pongan de acuerdo y el plan de lucha sea dejado sin efecto.
Sin embargo, como la huelga tendría incidencia directa en un área vital, ya que el servicio médico en ambulancia acude a todo tipo de emergencia sanitaria que sufre la población, en la administración giojista esperan atentos el desenlace de hoy y se preparan para actuar en caso de que no haya acuerdo. La opción, como ya se hizo en otras ocasiones cuando estuvo en riesgo una prestación esencial, es presentar un amparo invocando que se trata de un servicio vital que no se puede interrumpir y acompañarlo por una cautelar que obligue a los médicos a no abandonar sus puestos de trabajo mientras se resuelve el planteo de fondo.
La estrategia de judicializar el conflicto comenzó a ser utilizada por el Gobierno con los maestros. Repitió la receta varias veces como respuesta a los paros implementados por UDAP y en medio de una fuerte polémica, porque el gremio sostenía que se afectaba el derecho de huelga de los trabajadores, la Justicia hizo lugar el planteo oficial y el dictado de clases se terminó normalizando (Ver aparte).